Actualizado: martes, 29 abril 2014 18:28
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SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha propuesto a ayuntamientos, diputaciones provinciales y promotores privados un acuerdo para la efectiva ocupación, en el plazo de un año, de todas las viviendas protegidas de la comunidad mediante su alquiler a precios adaptados a la demanda, tras haberse detectado un stock de 5.620 viviendas nuevas sin contrato visado, tanto de promotores públicos como privados.

   Así lo ha anunciado este martes Cortés ante el Pleno del Parlamento, apuntando que es "totalmente inaceptable que existan viviendas construidas con dinero público deshabitadas mientras hay demandantes en los registros municipales". Ha recordado también la obligatoriedad de que todas las viviendas protegidas titularidad de las entidades financieras cumplan su función social y estén a disposición de los registros de demandantes.

   Para lograr que todas las viviendas protegidas cumplan su función social, Cortés ha explicado que ha convocado a los alcaldes de ciudades de más de 50.000 habitantes y presidentes de diputaciones con stock de vivienda vacía a un gran acuerdo para poner en alquiler y adjudicar sus viviendas deshabitadas a familias demandantes inscritas en los registros, al igual que ha hecho el Gobierno andaluz a lo largo del último año.

   Así, ha señalado que de las 638 viviendas pendientes de adjudicación titularidad de la Junta de Andalucía que había en mayo del año pasado, la Consejería ya ha entregado 520 en régimen de alquiler a precios adaptados a los demandantes inscritos en los registros municipales.

   La consejera ha abierto esta vía de cooperación institucional con el envío de sendas cartas a los alcaldes de Huelva, Málaga, Granada, Almería, Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera y la Línea de la Concepción, y a los presidentes de las diputaciones de Cádiz, Granada y Almería, al objeto de celebrar reuniones para abordar este problema. "Queremos compartir la experiencia positiva de la Junta en este ámbito y escuchar a los alcaldes y presidentes de diputaciones que se enfrentan al fenómeno del stock de vivienda protegida desocupada", ha señalado.

   Cortés ha añadido que esta "alianza institucional" entre la Junta y los ayuntamientos y diputaciones debe permitir también combatir desde la cooperación entre administraciones "el fenómeno de las viviendas protegidas titularidad de las entidades financieras ocultas a los registros de demandantes".

   Concretamente, la consejería ha remitido un requerimiento a todos los promotores públicos (ayuntamientos y diputaciones) y privados con stock de viviendas protegidas vacías para conocer qué medidas están adoptando para garantizar su ocupación, al tiempo que les ofrece soluciones encaminadas a la consecución de este objetivo.

   Así, la consejería pone a disposición de los promotores el Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler (PIMA), puesto en marcha a finales del año pasado, para pasar al alquiler sus viviendas en venta. En el caso de las viviendas ya en alquiler, la Consejería ofrece convenios con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que permitan incorporar estos inmuebles al programa de cesión de viviendas para el alquiler

   Cortés ha recordado durante su intervención que la Consejería ha abierto procedimientos sancionadores por cuantías próximas a los 120 millones de euros contra la Sareb y otras ocho entidades financieras por el posible incumplimiento de la obligación de poner un total de 1.096 viviendas protegidas a disposición de los registros municipales.

   Ha apuntado que la consejería está elaborando además una instrucción para agilizar el cambio de calificación de venta a alquiler de las viviendas protegidas.

   La consejera ha añadido que la instrucción facilitará los trámites administrativos del cambio de régimen, que podrá darse por autorizado con el visado del correspondiente contrato de arrendamiento. Esta instrucción se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para procurar la máxima difusión de la posibilidad que tienen los promotores de ceder en alquiler sus viviendas protegidas con total celeridad y seguridad jurídica.

   Según Cortés, la existencia de viviendas protegidas cerradas "colisiona con los legítimos derechos de los demandantes".

   Ha lamentado además las acusaciones "falsas" de la bancada popular sobre las viviendas vacías de la Junta y ha vuelto a criticar el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra la Ley andaluza de función social de la vivienda, la cual pretende "rescatar" de la ruina a muchas personas.

   Tanto el diputado del PSOE-A Enrique Benítez como la parlamentaria de IULV-CA Inmaculada Nieto han valorado durante sus intervenciones ante el pleno esta propuesta de acuerdo de la consejera.

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