av2" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta ha hecho pública la resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre exceptuaciones, las llamadas exoneraciones, relativas a ayudas al empleo que concedió en diciembre de 2012, "en un ejercicio de transparencia sobre su gestión y en su relación con la ciudadanía andaluza".
De esta forma, dicha resolución contiene un anexo con 35 folios, donde figuran las entidades, personas físicas y jurídicas beneficiarias, unos 1.159 entes, así como los expedientes afectados, unos 2.895 expedientes, toda vez que algunas entidades poseen varios expedientes.
Entre dichas entidades se encuentran personas físicas, empresas de todos los sectores, asociaciones empresariales, sindicatos, ayuntamientos, diputaciones, consorcios o asociaciones sociales, de todas las provincias y zonas de Andalucía.
El Gobierno andaluz apela al fundamento legal de las resoluciones que adoptó entonces el Servicio Andaluz de Empleo, siguiendo las directrices de la normativa reguladora, como es el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública, que contemplaba la exceptuación o exoneración "cuando concurran circunstancias de especial interés social".
En esta resolución se recuerda que el SAE gestiona programas de subvenciones y ayudas en materia de empleo y cualificación profesional, y en particular el fomento del empleo, la formación para el empleo, orientación e información, prospección, registro de demanda e intermediación en el mercado de trabajo.
En dicha resolución se alude a la "grave crisis económica" que estaba ocasionando "graves problemas de financiación a las entidades beneficiarias, generando dificultades para afrontar los gastos derivados de la ejecución de los proyectos objetos de subvención". Ante tales hechos, en el marco de los principios de buena fe, confianza legítima, eficiencia y servicio a los ciudadanos, la Junta decidió adoptar las medidas arbitradas por el ordenamiento jurídico para garantizar el desarrollo de las acciones en materia de mejora de la empleabilidad.
Se apuntaba en la resolución que esas acciones de fomento del empleo y mejora de la empleabilidad eran uno de los objetivos de la acción de Gobierno, "por la que la paralización de las mismas por el retraso en la gestión de los pagos de una subvención ya concedida, generaría un importante perjuicio social a los beneficiarios y graves perjuicios sociales", por lo que se estimaba conveniente exceptuar la limitación prevista en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública.
El Gobierno andaluz ha recordado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "ha puesto fin a esta práctica administrativa pese a su anclaje legal".
La Junta recuerda que la exceptuación "no supone eliminar la obligación de justificación de las ayudas porque sigue vigente esa exigencia y, en esa línea, se están comprobando los expedientes".
