SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que desde la puesta en marcha del canon de mejora o del agua, en mayo de 2011, se han recaudado 133 millones de euros, frente a los 201 millones que se han destinado hasta diciembre de 2013 a las obras declaradas de interés de la comunidad. La consejera ha pedido al PP-A que "no politice" la cuestión del agua.
Así, lo manifestado Serrano durante su comparecencia en el Parlamento andaluz, donde ha informado sobre la aplicación de dicho canon y los avances de las actuaciones en este ámbito impulsados por la Junta de Andalucía para alcanzar los objetivos europeos de calidad de aguas. En este sentido, Serrano ha aclarado que esta cifra de 201 millones invertidos se elevan a 325, teniendo en cuenta los compromisos ya presupuestados para proyectos y obras de saneamiento y depuración declarados de interés de la comunidad.
La consejera ha informado de que la Junta se adelantó creando un instrumento financiero como el canon de mejora para cumplir con Europa, ya que "se encuadra en lo requerido por la Directiva Marco del Agua, que obliga a la recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua" y ha recalcado que el Gobierno andaluz programa las inversiones de acuerdo con el interés general y no el particular. La responsable de Medio Ambiente ha reiterado que lo recaudado se emplea de forma solidaria y común "en base a criterios técnicos y de necesidad" y que hay total transparencia.
En su intervención, la consejera ha asegurado que su departamento tiene en la actualidad 54 obras en ejecución en este ámbito y ha enumerado varios convenios suscritos por la consejería con entidades locales. Ha explicado que se están preparando nuevas licitaciones de obras declaradas de interés de la comunidad y se continúan buscando fórmulas indirectas de financiación, como la colaboración público-privada, para avanzar en este campo. Por otro lado, Serrano ha afirmado que todas estas iniciativas han supuesto la creación de más de 1.865 empleos en toda la comunidad autónoma.
María Jesús Serrano ha expuesto que desde el pasado mes de enero se ha iniciado la redacción de 15 proyectos nuevos de depuración y 12 más están en trámite de licitación en estos momentos, lo que supondrá un total de 27 nuevas instalaciones de depuración de aguas residuales en Andalucía.
Según la consejera, está previsto a lo largo de 2014 que se liciten todos los proyectos pendientes de redactar de las actuaciones más urgentes respecto a los objetivos marcados por las directivas europeas y ha insistido en que se trata de una tarea que sólo se conseguirá con la colaboración de las tres administraciones implicadas.
Ha agregado que, en la actualidad, la consejería trabaja en esta materia "sin descanso" y realizando un enorme esfuerzo económico y administrativo: colaborando con el Gobierno central para la programación de las infraestructuras que les corresponda; con las entidades locales, a través de convenios establecidos en la Ley de Aguas, y desarrollando las actuaciones declaradas de interés de la comunidad haciendo uso del canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas.
La consejera ha subrayado que se trabaja de manera coordinada con el Gobierno central, priorizando de común acuerdo todas aquellas obras que permitan cumplir con los andaluces.
Ha expuesto que la Junta ha trabajado "intensamente" en el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas andaluzas invirtiendo más de 1.000 millones de euros en este ámbito, en auxilio de las corporaciones locales que finalmente son las que ostentan estas competencias según la ley.
Serrano ha explicado que la consejería destina el 30% de su presupuesto a las políticas de aguas, siendo la administración que más presupuesto ha asignado a esta cuestión, y ha recordado que frente al año 1992, en el que sólo se depuraban el 28% de las aguas, Andalucía cuenta en la actualidad con infraestructuras de depuración para cubrir al 81% de la población.
Por último, María Jesús Serrano ha defendido que la priorización de las inversiones debe ser en base a su carácter técnico y no político. Para la consejera, "los ciudadanos nos piden responsabilidad y, sobre todo, que el agua no se use como arma arrojadiza entre Gobierno y oposición". Ha insistido en la necesidad de articular un gran pacto político por el agua a través del cual los andaluces puedan comprobar como "su clase política está dispuesta a remar en la dirección de los intereses de los ciudadanos".
PP-A CRITICA EL "TARIFAZO" A LOS CIUDADANOS
Por su parte, el diputado del PP-A Víctor Manuel González ha criticado que la Junta, hasta el día de hoy y desde 2011, venga cobrando un "tarifazo o impuestazo" a todos los ciudadanos, decenas de millones que se detraen del recibo de consumo doméstico de agua. A su juicio, la Junta ha funcionado en materia de agua a "golpe de titulares de prensa", no está a la altura de las circunstancias y año a año recupera los mismos proyectos.
Ha augurado que llegarán sanciones de la Unión Europea por no alcanzarse el objetivo de vertido cero de aguas residuales en 2015 y que será "imposible afrontarlas". Ha preguntado a la consejera si esas sanciones las afrontará la Junta, los ayuntamientos o los andaluces "con otros impuestazos". "Estamos ante el peor de los escenarios posibles por la negligencia de la consejería", ha sentenciado.
La diputada del PSOE-A ha Josefa Vioque ha indicado que hay que promover un uso "sostenible, eficiente y responsable" del agua, apuntando que la política de la Junta a este respecto debe basarse en una gestión responsable, en la participación ciudadana y en el respeto al medio ambiente. Ha destacado el gran esfuerzo inversor de la Junta, de manera que la estructura de depuración de agua en la comunidad es superior al 80 por ciento en estos momentos.
Ha puesto de manifiesto el esfuerzo de colaboración de la Junta con el Gobierno central en materia de agua, y ha defendido el canon del agua, apuntando que se han recaudado 133 millones de euros, frente a las críticas del PP-A.
El diputado de IULV-CA Manuel Baena, que ha mostrado su extrañeza por que las sanciones impuestas por las confederaciones hidrográficas, no se hayan destinados al problema de las aguas residuales, ha indicado que su grupo pidió información a la consejería sobre las obras y las inversiones realizadas en materia de depuración de aguas residuales y que, hasta el momento, no ha tenido información.
A su juicio, es importante que hubiera información a este respecto y ha planteado a la consejería una revisión del sistema y que se estudien métodos "más fáciles de mantener" en materia de depuración para evitar grandes depuradoras que supongan altos gastos de energía y difícil mantenimiento. Ha reclamado además transparencia sobre el canon de agua y cómo se está gastando, incidiendo en que tiene que tener un carácter solidario.
