La Junta rechaza la nueva normativa de energía renovables del Gobierno

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SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, ha rechazado este domingo el Real Decreto, aprobado este pasado viernes por el Consejo de Ministros, que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables, cogeneración y residuos, el cual, a su juicio, supone "una reducción de ingresos y provoca inseguridad jurídica, con un claro carácter retroactivo".

   En declaraciones a Europa Press, Sánchez Maldonado ha subrayado que esta nueva normativa conlleva "un cambio radical" en el tratamiento retributivo de la electricidad generada con las energías antes incluidas en el denominado régimen especial. Y es que, como ha explicado el consejero del ramo, anteriormente a este Real Decreto, estas energías recibían una prima, "justificada por el carácter eficiente y limpio de las mismas", que se sumaba a la retribución del mercado que recibían las tecnologías del régimen ordinario.

   "Ahora, con este Real Decreto se elimina la separación entre el régimen ordinario y el especial, otorgándoles a estas últimas una rentabilidad razonable, de acuerdo a una empresa eficiente y bien gestionada, durante la vida útil del proyecto, la cual se fijó en el 7,5 por ciento, como consecuencia de incrementar en 300 puntos básicos el interés de los bonos del tesoro a diez años", ha indicado el consejero, al tiempo que ha precisado que "este 7,5 por ciento perfilado cuando se componía el Real Decreto, se queda ahora en el 5,6 por ciento ya que la rentabilidad de los bonos soberanos ha bajado al 2,6 por ciento".

   En este sentido, Sánchez Maldonado ha apuntado que la nueva normativa supone "una reducción de ingresos para los proyectos existentes", de acuerdo con la memoria económica de la norma aportada por el Gobierno --de 1.700 millones de euros al año--, que "junto con las reducciones de ingresos provenientes de otras normativas anteriores, pone en serio riesgo la supervivencia de una parte importante de las plantas en operación, ante la dificultad de éstas para poder devolver el servicio de la deuda pactada con las entidades financieras".

   "Es una norma, como otras ya promulgadas por este Gobierno, que tiene un claro carácter retroactivo, pues cambia las condiciones económicas de unos proyectos que se cerraron con las entidades financieras en unas condiciones de ingresos muy distintas --a la baja-- a las pactadas con la norma en vigor en el momento de materializar el préstamo", ha advertido.

   Por tanto, según el consejero, "existe una evidente inseguridad jurídica de la normativa asociada al sistema energético español, al haber claras evidencias de no respeto a las normas promulgadas y al introducir, como hace la norma en cuestión, la posibilidad de modificar la rentabilidad de dichas plantas cada seis años --la de los parámetros retributivos cada tres--".

"LOS FONDOS DE INVERSIÓN INTERNACIONALES NO SE FÍAN"

   En su opinión, esta circunstancia hace que los fondos de inversión internacionales y los promotores nacionales "no se fíen del Gobierno central y no inviertan en estas tecnologías". "Como consecuencia, un total de seis fondos internacionales han denunciado al Ejecutivo español ante el tribunal internacional encargado de arbitrar si los cambios normativos efectuados se atienen al Derecho Internacional".

   Asimismo, ha señalado que el conjunto normativo que se completa con este Real Decreto no ofrece buenas perspectivas para la construcción de nuevas plantas, "dada la escasa rentabilidad ofrecida para las mismas y la inseguridad jurídica a la que nos tiene acostumbrado el Gobierno de España".

   Andalucía cuenta en la actualidad con un total de 6.100 megavatios en instalaciones renovables, el 38 por ciento de toda su potencia instalada, de los que "una parte importante está en riesgo de tener que cerrar por falta de rentabilidad", ha insistido Sánchez Maldonado, quien además ha resaltado que "un tercio --el 34 por ciento-- de la electricidad generada en Andalucía es ya renovable", siendo "el 19,3 por ciento de la energía primaria consumida en la Comunidad de origen renovable".

   Por ello, el impacto de este Real Decreto en Andalucía se estima, según un análisis de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), en 328 millones de euros al año --un 20 por ciento del impacto a nivel nacional--, de reducción de ingresos con el nuevo sistema, lo que supone "una reducción significativa del 11 por ciento de los ingresos que tenían estas plantas, afectando a unos 4.000 empleos directos asociados a las plantas en operación", ha alertado.

   Así, el consejero ha lamentado que esto "frene el desarrollo de 950 proyectos priorizados --con la tramitación administrativa regional ultimada-- en Andalucía", que supondrían "unos 4.000 nuevos megavatios en tecnologías renovables, con una inversión de 11.700 millones de euros, que generarían, en las fases de construcción, operación y mantenimiento, un empleo equivalente a unas 38.000 personas".

ACTUACIONES DE LA JUNTA ANTE LA NUEVA NORMATIVA

   Hasta el momento, la Junta de Andalucía ha presentado dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 15/2012, RDL 29/2012, RDL 2/2013, y el RDL 9/2013; y paralelamente, ha planteado formalmente negociaciones para corregir las norma "lesivas" contenidas en la nueva Ley del Sector Eléctrico 24/2013, mediante la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Junta de Andalucía, así como ha promulgado el Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.

   Entretanto, el Gobierno andaluz ha apostado por "un modelo eficiente y renovable" con el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (Pasener 2007-2013), así como con la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020, lo que implica una "Andalucía sostenible".

   Por último, la Junta tiene una "apuesta decidida" para que la región supere los objetivos a 2020 de la Unión Europea (UE) en renovables, ahorro y reducción de emisiones, a la par que aboga por "la descarbonización de nuestro sistema energético en el horizonte 2050, en sintonía con los planes y objetivos que la UE tiene marcados para ese periodo", ha concluido el consejero del ramo.