SEVILLA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha reiterado su petición a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) de que informe y comunique a la Junta de Andalucía el estado de sus inmuebles ante la falta de respuesta de la sociedad a las demandas del Gobierno andaluz sobre dichas viviendas, lo que podría suponer incurrir en un "incumplimiento" y una posible "infracción" de la normativa andaluza por parte de la sociedad.
Según una respuesta a una pregunta escrita formulada en el Parlamento andaluz por IULV-CA, relativa a viviendas protegidas de titularidad de la Sareb en Jaén, la Junta ha explicado que la única información sobre esas viviendas de la Sareb que tiene la Consejería de Fomento y Vivienda "es la que la propia Sareb incluye en un informe adjunto al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el Decreto-ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda".
Así, en dicha respuesta, consultada por Europa Press, la Junta ha recordado que concretamente, a la demanda de interposición de este recurso, "se adjuntó un informe de la Sareb alusivo a la incidencia e impacto del decreto-ley recurrido sobre la citada entidad". Este informe de la Sareb "pone de manifiesto, de manera expresa, la titularidad que ostenta la entidad sobre 911 viviendas protegidas radicadas en Andalucía".
En concreto, se señala que "por lo que se refiere a los activos inmobiliarios, en torno a un 12 por ciento de la cartera de Sareb se encuentra radicado en territorio andaluz".
A partir de los datos de vivienda de titularidad de Sareb distribuida por comunidades autónomas se extrae que en Andalucía, hay un total de 6.379 viviendas en manos de la Sareb, de las que 4.473 viviendas libres que figuran como primera residencia; 995 viviendas libres que figuran como segunda residencia; y 911 viviendas protegidas.
Dicho documento no especifica ni identifica las 911 viviendas protegidas que, conforme afirma la Sareb, son de su propiedad, de forma que "no se conoce la dirección postal de las mismas ni su situación jurídica".
La Junta agrega que "tampoco se indica en este documento las viviendas protegidas que la Sareb tiene en cada provincia".
INCUMPLIMIENTOS DE LA SAREB
Considera que esta afirmación sobre la titularidad que ostenta la Sareb sobre 911 viviendas protegidas "puede conllevar la existencia de hechos infractores por parte de la referida entidad, toda vez que la adquisición de viviendas protegidas comporta el nacimiento de obligaciones de comunicación a la Consejería de Fomento y Vivienda, que la Sareb ha podido incumplir en su condición de adquirente".
En ese sentido, la Junta ha explicado que a fecha 17 de enero de 2014, el director general de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda adoptó acuerdo de inicio de un procedimiento de actuaciones de investigación a fin de "indagar la situación en la que se encuentran las 911 viviendas protegidas radicadas en Andalucía, que la Sareb afirmaba que son de su titularidad".
El Gobierno andaluz ha precisado que estas actuaciones previas de averiguación "tienen apoyatura legal, con carácter general, en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y son aquellas que tienen por finalidad la indagación, con carácter preliminar y contingente, de posibles circunstancias que pudieran dar lugar o justificar, en su caso, la instrucción de un procedimiento sancionador, estando encaminadas a determinar la concurrencia de hechos susceptibles de motivar la procedencia jurídica de la incoación de estos procedimientos, así como de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias o hechos relevantes que presenten unos u otras".
Para la Junta, "la evidencia que constituye el hecho de que la Sareb no haya comunicado la adquisición de estas 911 viviendas constituye, a su vez, un indicio de la posible comisión de infracciones en materia protegida que conduce, de forma inexorable, a la tramitación de un procedimiento encaminado a dilucidar si procede la apertura de otro u otros procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones en materia de vivienda protegida".
En ese sentido, la Junta explica que en desarrollo de las actuaciones de investigación, el 20 de enero de 2014, se cursó oficio dirigido a la Sareb, mediante el que se interesaba que en un plazo de 15 días se remitiera a esta Consejería información y documentación en relación con las 911 viviendas protegidas de su titularidad radicadas en Andalucía.
En fecha 25 de febrero de 2014, la Sareb recibió la notificación del acuerdo de inicio del referido procedimiento de actuaciones de investigación, "sin que, hasta el día de la fecha, se tenga constancia de respuesta alguna por parte de esta entidad".
Igualmente, en cumplimiento de lo ordenado en el acuerdo de inicio de las actuaciones de investigación, el 13 de febrero de 2014, se dirigió oficio a la Gerencia Regional de Andalucía de la Dirección General del Catastro, requiriendo información sobre la referencia catastral y dirección postal de los inmuebles de uso residencial ubicados en el territorio andaluz cuya titularidad figure a nombre de la entidad Sareb, que tengan el atributo de vivienda de protección pública en el correspondiente fichero catastral.
Agrega que este escrito, por su parte, aún no ha tenido respuesta por parte del Catastro.
Finalmente, el 13 de febrero de 2014 se remitió oficio al Registro de la Propiedad número 1 de Sevilla, en solicitud de una nota de localización o índice de titularidades de la entidad Sareb, en los registros de la Propiedad ubicados en Andalucía, requerimiento de información que "tampoco ha tenido aún respuesta", indica la Junta en su respuesta parlamentaria.
Por tanto, la Consejería ha explicado que el procedimiento de actuaciones de investigación "continúa su tramitación dado que, ante la carencia de remisión de la documentación solicitada, resulta necesario reiterar las solicitudes a ello dirigidas, pues la falta de respuesta de estas entidades y organismos puede conllevar la obstaculización de la labor inspectora en el conocimiento de posibles infracciones en materia de vivienda protegida por parte de la Sareb".
