av2" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha criticado este miércoles que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aún no haya dado respuesta a la petición que se le hizo el pasado 18 de abril de mantener una reunión urgente para abordar la reforma local y, en cambio, pretenda que las relaciones entre el Estado y Andalucía "se gestionen a través de titulares de prensa".
Valderas ha informado en el Parlamento que el decreto aprobado por la Junta que blinda las competencias municipales frente a la reforma local del Gobierno central permitirá que los ayuntamientos puedan seguir prestando servicios municipales tan importantes como son los servicios sociales o los relacionados con la educación, la salud o el consumo; salva 40.000 empleos públicos municipales; desactiva los perjuicios que la misma causaría a Andalucía y pone un dique de contención al desmantelamiento de los servicios públicos que se pretende con la reforma.
Asimismo, ha señalado que "ningún ayuntamiento, ni ninguna diputación en Andalucía" podrán escudarse en la Ley de Reforma Local para dejar de prestar un servicio público trascendente en sus municipios o provincias. Ha recalcado que en Andalucía, con este decreto ley se preservan los derechos conquistados por el municipalismo andaluz hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que se ha planteado contra la ley de reforma local.
Ha reprochado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que no haya "querido nunca el diálogo" sobre la reforma local y se ha mostrado convencido de que el Tribunal Constitucional, al final, terminará dando la razón a Andalucía.
Asimismo, Valderas ha acusado al PP-A de no creer en Andalucía ni en su Estatuto de Autonomía.
El vicepresidente ha explicado que "el Gobierno andaluz no está solo en la defensa del mundo local" y ha recordado que el Parlamento de Andalucía ha presentado también un recurso, así como diez fuerzas políticas (que representan a casi el 50 por ciento de la población española) y 2.303 municipios, de los que 369 son andaluces (7 de ellos del PP). También ha recurrido la ley de reforma local las comunidades de Canarias, Cataluña y Asturias.
Para Valderas con el decreto aprobado, la Junta de Andalucía establece que siguen siendo competencias de los ayuntamientos las 29 que recoge el Estatuto y desarrolla la Laula (Ley de Autonomía Local), al tiempo que cumple con su obligación de "proteger como gobierno el Estatuto, los derechos y los intereses del pueblo andaluz".
Por su parte, la diputada del PP-A Ana Mestre ha acusado al consejero de utilizar "subterfugios" para amparar el decreto de la Junta, "que no cuenta con el respaldo" de los ayuntamientos del Partido Popular. Ha indicado que la Junta tiene dos opciones, trabajar para salir de la crisis desde el entendimiento con otras administraciones o instalarse en "la mediocridad de lo malos que son los otros" y ha optado por "la oposición constante" contra el Gobierno central, instalado en el "victimismo".
Ha recalcado que durante esta legislatura, la Junta se ha dedicado más a "confrontar que a legislar" y la realidad es que a día de hoy tiene una deuda de 153,3 millones de euros con los ayuntamientos de esta comunidad.
La parlamentaria del PSOE-A Clara Aguilera ha manifestado que el Gobierno andaluz está defendiendo a los ayuntamientos, frente al recorte de 8.000 millones de euros para la prestación de servicios que se pretende con la reforma local, que ha sido la norma más "contestada" y recurrida que se recuerda, por seis comunidades, más de 2.000 ayuntamientos y el Parlamento andaluz.
Ha puesto en valor la decisión de la Junta de Andalucía de "blindar las políticas y los servicios públicos" de los ayuntamientos.
El diputado de IULV-CA Juan Serrano ha felicitado a Valderas por cumplir sus compromisos y obligaciones a la hora de defender los derechos reconocidos en el Estatuto y a los ayuntamientos contra las "agresiones" de un Gobierno que legisla "de manera temeraria y peligrosa". Ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de pretender decidir lo bueno y lo malo sin escuchar a los que sufrimos la reforma local, que deja a los ayuntamientos sin capacidad para gestionar los servicios públicos.
