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SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la representación sindical de los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) han alcanzado este viernes un acuerdo que supondrá, con toda probabilidad, el fin del encierro indefinido que los delegados sindicales comenzaron este jueves en la Catedral de Sevilla, en señal de protesta por los recortes acometidos en este ente.
Así lo ha confirmado a Europa Press el responsable de la sección sindical de CSIF en la Amaya, Javier Martínez Punzano, que ha concretado que dicho acuerdo supondría la retirada del periodo de consultas abierto para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y, en concreto, de las reducciones de salario y jornadas que se proponían para los trabajadores.
De esta manera, a partir del próximo lunes se iniciaría un nuevo periodo de negociación, ya sin plazos, para tratar de alcanzar una solución consensuada en el marco del plan de ajuste impulsado por la administración autonómica.
Los términos del acuerdo, que según Martínez Punzano han quedado firmados en la tarde de este viernes entre la Junta y las tres centrales sindicales con representación en el ente --CCOO, UGT y CSIF--, supone asimismo la retirada de cartas que se habían remitido a algunos trabajadores con impedimentos "provocados por el trabajo en la agencia" donde se informaba de reducciones contractuales.
La nueva negociación se establecería en términos tales que administración y empleados tratarían de alcanzar alternativas que satisfagan a las dos partes, y bajo la premisa de que determinadas medidas como bajas laborales puedan llevarse a cabo desde la "voluntariedad".
REUNIÓN CON EL VICECONSEJERO
Este viernes los trabajadores se reunían con el viceconsejero de Medio Ambiente, Ricardo Domínguez, que informaba a los empleados de que se reuniría con la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para intentar negociar una salida a la situación.
Ello obedece, según explicaba a Europa Press el secretario general de la sección de CCOO en la Amaya, Juan Antonio Rebollo, a que "la Consejería mantiene que ellos son los primeros que no quieren aplicar medidas en empleo, pero que están supeditados al ajuste de 1.200 millones de la administración central".
Los encerrados advertían de que para este fin de semana, cuando se esperan más trabajadores procedentes de las provincias, prevén "cuadruplicar" su presencia en el recinto catedralicio. "Estamos fuertes, podremos aguantar", defendía el secretario general de CCOO en la agencia, que daba cuenta de un percance que "se ha quedado en un susto", cuando uno de los encerrados ha debido ser hospitalizado por un problema renal.
En cuanto al calendario de movilizaciones, y a expensas de su probable suspensión ante el acuerdo alcanzado, el 6 de febrero había concentraciones en las Delegaciones de Gobierno de la Junta de todas las provincias, mientras que para el día 8 se haría una manifestación en Sevilla a nivel andaluz, y para el 11 habría una concentración con motivo de la celebración del Consejo de Gobierno.
LOS MOTIVOS DEL CONFLICTO
El principal conflicto se centra en el dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales (Infoca), a los que se ha propuesto suprimir dos meses de trabajo. "Lo que tienen que hacer es lo contrario, darnos carga laboral y reducir la vía de la encomienda de gestión", ha subrayado Rebollo, que lamenta la precarización asociada al proceso y el hecho de que acabe afectado un dispositivo "de referencia para el resto de España".
Manifiestan que se está externalizando artificialmente de carga de trabajo a numerosas personas de la agencia "que están viendo como su contenido es usurpado por empresas privadas con el consiguiente incremento de costes para el contribuyente". Esto, aseguran, está pasando en actividades de uso público, del dominio público hidráulico y proyectos del plan de choque forestales, donde "no se está procurando que las inversiones reviertan en mantenimiento y creación de nuevos puestos de trabajo, dilapidando las inversiones para enriquecimiento de empresas privadas".
"Esto choca frontalmente con las posiciones defendidas en público por la Junta, que de cara a la galería argumenta el mantenimiento del empleo público, cuando la realidad es bien distinta". Por ello, han concluido los sindicatos, se han dirigido a los grupos parlamentarios en la búsqueda de "soluciones reales que eviten el deterioro del medio ambiente en nuestra comunidad, al no poderse garantizar, entre otros puntos, el correcto desarrollo del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Andalucía, referente nacional e internacional".
