SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -
Después de que la Consejería de Fomento formalizase a finales de noviembre de 2018 la compra de las 58 viviendas protegidas promovidas en Santiponce (Sevilla) por la extinta sociedad municipal Prosuvisa, declarada en 2013 en concurso de acreedores, la actual responsable de dicho departamento, la popular Marifrán Carazo, ha indicado que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) tiene la "obligación" de cobrar a los inquilinos de las mismas las cuotas impagadas, y para ello ambas partes "pueden llegar a acordar posibles fórmulas de pago mediante la suscripción de compromisos de recuperación de la deuda".
Así figura en una respuesta escrita de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, con relación a estas viviendas protegidas en régimen de alquiler compradas por la Administración andaluza merced a la Ley autonómica de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas, frente a la subasta de las mismas en favor de la sociedad privada Japp Samarfa.
Para la construcción de tales viviendas protegidas, según rememoraba a Europa Press el exalcalde de Santiponce José López a finales de noviembre de 2017, la sociedad municipal Prosuvisa suscribió un préstamo de unos 1,5 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con idea de ir amortizando paulatinamente dicha deuda, en parte con los alquileres aportados por los inquilinos.
LA QUIEBRA DE PROSUVISA
Pero allá por 2013, las dificultades económicas de Prosuvisa motivaron un concurso de acreedores declarado como "fortuito" en 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, toda vez que también ese año fue aprobado el plan de liquidación de la citada sociedad municipal, al objeto de sufragar en todo lo posible las deudas arrastradas por la misma.
Después, una subasta derivada de la liquidación de la empresa municipal se habría saldado con la adjudicación de las viviendas a la sociedad privada Japp Samarfa.
No obstante, la Junta de Andalucía ejerció su derecho a tanteo o retracto sobre las viviendas, extremo que reclamaban los moradores de estas VPO, bajo la premisa de que unas viviendas públicas construidas en suelo público no podían caer "en manos de una empresa privada". Para ello, en julio de 2018 la Junta depositaba en una notaría 780.000 euros para consumar su derecho de tanteo y, ya a finales de noviembre, formalizaba oficialmente la adquisición de los inmuebles.
A partir de ahí, y en esta respuesta escrita de la consejera Marifrán Carazo a una pregunta del Grupo parlamentario de Adelante Andalucía, un documento recogido por Europa Press, la titular de Fomento detalla que con la compra de estas VPO, AVRA se ha "subrogado" en las relaciones jurídicas que mantenía la extinta Prosuvisa con los inquilinos, facturando "conforme al contrato de arrendamiento" las rentas de entre 73 y 153 euros mensuales recogidas en tales contratos.
En cuanto las "cuotas impagadas" de estos inquilinos con Prosuvisa, la consejera señala que AVRA tiene la "obligación" de cobrarlas, si bien "los inquilinos y AVRA "pueden llegar a acordar posibles fórmulas de pago mediante la suscripción, por parte de los inquilinos, de compromisos de recuperación de la deuda".
