SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha decretado el embargo de cuatro bienes inmuebles, acciones de Endesa, dos cuentas corrientes y un vehículo de alta gama propiedad de la exsecretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de un millón de euros que le impuso la magistrada.
Por medio de un decreto notificado este martes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria judicial embarga a la imputada dos viviendas en Sevilla y Marbella (Málaga), un garaje y un trastero, así como acciones de Endesa, su participación en un fondo de inversión, un vehículo marca BMW y dos cuentas corrientes.
Asimismo, decreta el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente en todas las entidades adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.
Para la efectividad de los embargos trabados y a fin de "evitar disposiciones en el periodo que mediara hasta su ejecución", el Juzgado acuerda que, en todos los oficios que se expidan para llevar a efecto el embargo de las cuentas bancarias, se solicitará de la entidad una certificación del saldo existente en las mismas en los dos meses anteriores a la recepción del oficio.
La imputada había ofrecido en garantía para cubrir la fianza civil otros cuatro bienes inmuebles, pero el Juzgado señala que de la averiguación de bienes inmuebles efectuada a través del Punto Neutro Judicial "no parece desprenderse que figure como titular" de los mismos, por lo que le da un plazo de cinco días para que acredite documentalmente la propiedad de estas fincas.
La juez Alaya impuso una fianza civil de un millón de euros a Lourdes Medina, que ocupó el cargo entre 2008 y 2012, "por su competencia en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de la Consejería de Empleo y su conocimiento de la Memoria Económica referida a 2009, en la que aparece descrito con claridad el objeto y contenido del programa 31.L".
Asimismo, argumentó la imposición de dicha fianza civil "por su activa intervención en las modificaciones presupuestarias que hubo para incrementar el crédito de las transferencias de financiación, y en tercer lugar, por su indiciario conocimiento del objeto y alcance de la Encomienda de Gestión de 27 de abril de 2010".
Esta imputada, además, "en el último cuatrimestre de 2009 tendría conocimiento de la existencia de varios 'intrusos' y pólizas individuales y, pese a ello, omitiría poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial", sostiene la magistrada.
Además de a Lourdes Medina, la juez impuso fianzas civiles millonarias a otros dos exsecretarios generales técnicos de Empleo, como son Juan Francisco Sánchez, a quien impuso una fianza civil de 33,9 millones, y Javier Aguado, que deberá hacer frente a una cantidad ascendente a 5 millones.
