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SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha decretado el embargo de tres pisos, todas sus cuentas bancarias, y un garaje con trastero, al exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández a fin de hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 807 millones que le impuso la juez Mercedes Alaya.
Hay que recordar que el Juzgado ya le embargó la indemnización por su despido de González Byass, pero dado que esta cantidad, ascendente a 31.400 euros, es "insuficiente" para cubrir la fianza civil, ha decretado ahora el embargo de más bienes, como son tres fincas urbanas ubicadas en Jerez de la Frontera (Cádiz), y una plaza de garaje con trastero en esta misma localidad.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el Juzgado decreta además el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el imputado y las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria.
Estos embargos, como se ha dicho, se suman al embargo de su indemnización por el despido de González Byass, lo que fue recurrido por el abogado del exconsejero al considerar "inembargable" la indemnización por despido.
No obstante, Alaya rechazó el recurso y recordó que, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, "es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional".
La magistrada, igualmente, señaló que, según el Estatuto de los Trabajadores, "no tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones por despido, sin perjuicio del carácter preferente que este crédito tiene frente al empleado".
Por todo ello, la juez rechazó el recurso presentado por el exconsejero de Empleo alegando que la indemnización referida "no tiene la consideración de salario", añadiendo que de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil son embargables "las rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo".
Alaya imputó al exconsejero cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
El imputado entró en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) el 24 de abril de 2012 y permaneció en la misma hasta el día 10 de agosto de ese mismo año, cuando pudo abandonarla tras pagar una fianza de 450.000 euros.
