El Juzgado de Alaya levanta el embargo sobre el coche de un 'intruso' porque también pertenece a su hijo

Actualizado: martes, 29 abril 2014 16:54

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha acordado levantar el embargo decretado sobre un vehículo de un 'intruso' al haberse acreditado que el 50 por ciento del coche pertenece en dominio al hijo del imputado.

En un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria del Juzgado de Mercedes Alaya recuerda que el pasado 18 de febrero acordó el embargo del coche, un Peugeot 206, a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 147.524,93 euros que impuso a Andrés Carrasco Muñoz.

Este imputado, churrero de El Pedroso (Sevilla), fue prejubilado en un ERE promovido en 2003 por Aceitunas y Conservas S.A.L. (Acyco), donde nunca trabajó.

Una vez decretado el embargo, tanto el Registro de Bienes Muebles como el propio imputado advirtieron de que el 50 por ciento del vehículo figura inscrito a nombre de un tercero, concretamente a nombre de su hijo.

Por ello, el Juzgado ha acordado levantar el embargo y ha librado un mandamiento de cancelación.

La fianza civil impuesta a este 'intruso' fue confirmada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla después de que el imputado recurriera alegando que "ha sido en todo momento interviniente de buena fe", ya que se trata de una persona que "se encontraba en situación económica precaria, que tenía dificultades de inserción laboral y a quien la autoridad competente gestionó unas ayudas que recibió en la creencia de que tenía derecho a ellas".

1.000 EUROS MENSUALES DURANTE DIEZ AÑOS

Frente a ello, la Audiencia argumentó que el imputado fue beneficiario de una ayuda total de 113.480,72 euros, y añadió que la concesión de esta "no vino precedida de la solicitud firmada", sino que "se gestionó, concedió y obtuvo por ser el beneficiario conocedor más o menos allegado al entonces director general de Trabajo".

En la fecha de los hechos, el imputado poseía "un modesto negocio", en concreto una freiduría de churros, en El Pedroso, dice la Audiencia, que recuerda que, en su declaración, este 'intruso' dijo que era padre separado con tres hijos a su cargo y que el dinero procedente del negocio "era insuficiente para atender sus necesidades, siendo su situación económica la que le llevó a pensar que podía ser beneficiario de algún tipo de ayuda".

La Audiencia asevera que la ayuda recibida y solicitada "no era un tipo de ayuda cualquiera", sino que "significaba percibir rentas mensuales de 1.000 euros durante diez años". Es decir, "la ayuda le suponía ingresar más de lo que por la explotación de su propio negocio obtenía, y bastante más de lo que pudiera ser el salario mínimo", por lo que "alegar la buena fe en la percepción de tan cuantiosa suma sin más argumento resulta difícil de admitir".