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SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La expresidenta de Invercaria Laura Gómiz ha asegurado este miércoles en su declaración como imputada que "no ha recibido ninguna indicación de nadie respecto de que no ejercite sus facultades ante un incumplimiento de pago" por parte de la diseñadora cordobesa Juana Martín y ha dicho que, por el contrario, cuando tuvo conocimiento de los impagos "instó" a la asesoría jurídica de Invercaria a "que se promoviera la correspondiente demanda judicial".
En su declaración ante el juez de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades en Invercaria, y en concreto en las ayudas dadas a Juana Martín, Gómiz ha explicado que "no ha tenido ninguna participación" en el proyecto, tanto en lo relacionado en los estudios técnicos del departamento de Promoción como en lo referente a las propuestas de inversión o la firma de préstamos relacionados con ese proyecto.
Así, y como directora general, tuvo conocimiento "genérico y limitado" del proyecto de inversión de Invercaria en Juana Martín, "y en concreto conocía que se le había concedido una financiación aprobada de hasta 900.000 euros", según el texto de su declaración, al que ha tenido acceso Europa Press.
Ha precisado que, al llegar a Invercaria como directora general, y "con el fin de mejorar los procesos y los procedimientos", implantó el denominado informe de progreso de operación (IPO), el cual "tenía por finalidad que toda la organización de Invercaria pudiera tener conocimiento de las empresas participadas y de las cuantías objeto de financiación y de cómo había evolucionado el negocio de las empresas".
De este modo, en octubre de 2009 remitió un correo a todo el personal de Invercaria "estableciendo una prioridad a fin de que los procedimientos fuesen más útiles para el trabajo y que ese trabajo se desarrollara de forma más efectiva". El objeto, en definitiva, es que "se trabajara mejor" en Invercaria, ha dicho.
Gómiz ha narrado que el primer informe de progreso de operación elaborado sobre el proyecto Juana Martín lo conoció en julio de 2010, aunque "no apreció ninguna irregularidad" ni "ninguna incidencia a solventar" y lo único que se ponía de manifiesto en el mismo es que "el cumplimiento del plan de negocios es inferior al previsto", añadiendo que "quien hizo el informe lo indicó como algo normal a consecuencia de la crisis económica y ello no dio lugar a que pensara que se hubiera que adoptar alguna medida".
Siendo ya presidenta, en diciembre de 2010 tuvo conocimiento de un segundo IPO en el cual "se indica que la situación de negocio ha empeorado y que existe un incumplimiento de una primera cuota de un préstamo participativo que vence en diciembre de 2010", por lo que instó dos reuniones con Juana Martín, quien en las conversaciones que mantuvieron pidió un aplazamiento para hacer frente a los pagos.
Ha añadido que, antes de cesar como presidenta, dio el 1 de diciembre de 2012 la orden de demandar a Juana Martín Andalucía "a la vista de los incumplimientos y de que no se había podido analizar documentación sobre posibles aplazamientos de pagos", a lo que se suma que "le dijo que si no resolvía el problema la empresa Juana Martín Andalucía entraría en concurso de acreedores", pero la diseñadora, también imputada en la causa, "reiteró la petición de aplazamiento".
En este sentido, ha justificado que, como presidenta, "ha instado en diferentes momentos al cumplimiento de las obligaciones por parte de Juana Martín Andalucía ante los impagos con las gestiones telefónicas e instando una demanda judicial", señalando que fue ella quien instó al establecimiento de unas pautas para la gestión de cobros en relación a los préstamos.
DIO ORDEN DE NO FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE JUANA MARTÍN
Tras ello, "se abordó y se acordó que las deudas por impagos de préstamos solo podían tener un año y que a partir de ese plazo se deberían instar las demandas judiciales si no se renegociaban", explicando que "la reclamación judicial es la última decisión tras el intento de renegociar la deuda por ser más positivo para que la sociedad participada pudiera mantener la actividad y el cobro". Así, en Juana Martín "se daba esta circunstancia y por ello se agotó el plazo de un año".
Por último, Laura Gómiz ha dicho que fue ella quien tomó la decisión de que ningún miembro de Invercaria formara parte del consejo de administración de Juana Martín Andalucía a principios de 2011 después de comprobar "la situación económica y contable" de la sociedad "y el incumplimiento de una cuota".
Al hilo de ello, Gómiz ha narrado que, en el primer semestre de 2010 y siendo presidente consejero delegado de Invercaria Juan María González, hubo una sesión del consejo de administración "en la que se trató del riesgo del administrador, persona física propuesta por Invercaria en los consejos de las empresas participadas por responsabilidad patrimonial, por no instar el concurso de la empresa participada cuando fuera necesario".
