SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula), que fue aprobada el pasado 26 de mayo por el Pleno del Parlamento, ha entrado en vigor a partir de este sábado, un mes después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La Laula establece una nueva arquitectura municipal en la comunidad al determinar, por primera vez y de forma clara y precisa, las competencias de ayuntamientos y diputaciones. Los consistorios tendrán un total de 29 competencias propias (artículo 9), mientras que las instituciones provinciales asumen la asistencia a las corporaciones locales en diversas materias (artículos 11-15).
El texto establece los procedimientos para la posible transferencia de competencias desde la Junta de Andalucía, que se realizará por ley, así como de delegación del ejercicio de las mismas, mediante decreto del Consejo de Gobierno, garantizando además que ambos procesos se realizan junto con los recursos necesarios.
La Ley de Autonomía Local, considerada como el 'Estatuto de los Ayuntamientos' y pionera en España, responde a las demandas históricas de los consistorios andaluces y supondrá la reducción de la tutela previa que hasta ahora ejercía la Junta sobre diversas materias, entre ellas la autorización para la enajenación o permuta de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, la creación y supresión de entidades de ámbito inferior al municipio, la adopción de símbolos por parte de las entidades locales o la constitución de mancomunidades y consorcios.
En esta línea, el texto conlleva también una mayor capacidad de autoorganización municipal y la regulación de las relaciones administrativas y financieras de la comunidad autónoma con las entidades locales. El gobierno local pasa así de ser mero administrador a sujeto activo en la gestión de sus políticas públicas, con los instrumentos de financiación incondicionada y suficiencia financiera indispensables para ello, garantizados a través de la Ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos autonómicos.
En cuanto a la capacidad de autoorganización, los ayuntamientos tendrán plena autonomía a la hora de decidir cómo organizan su territorio, de qué forma se asocian con otros entes locales y qué mecanismos utilizan para prestar sus servicios. Bajo el principio de respeto a esta autonomía, el texto establece los procedimientos de demarcación municipal y de la administración territorial, además de concretar los mecanismos de la cooperación territorial y las entidades e instrumentos que la hacen posible, como las mancomunidades o consorcios.
Respecto a la provincia, la nueva norma le otorga un papel de pieza clave para garantizar la autonomía de los municipios y, de esta forma, a requerimiento de los mismos, intervendrá en las cuestiones para las que sea demandada. La provincia puede, por tanto, prestar asistencia técnica, económica y material a los ayuntamientos, pero siempre "con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales" (artículo 11).
La norma prioriza la financiación incondicionada sobre la finalista, dando así respuesta a las peticiones de los municipios para la previsión de sus presupuestos. También de este modo se marcan las bases, desarrolladas en el segundo de los proyectos aprobados hoy por el Consejo, para que los ayuntamientos cuenten con recursos adecuados al ejercicio de sus atribuciones.
Durante la tramitación de la ley en el Parlamento, se incorporó la creación del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, un órgano consultivo que fue demandado por la FAMP.
