IU desmiente que esta oficina "sea un deseo de los sindicatos", que han manifestado "su malestar por la falta de negociación del Decreto"
SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado este miércoles en Comisión parlamentaria los grandes beneficios que supondrá la próxima implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal en la Administración de Justicia en Andalucía y ha puesto de manifiesto la "excelente acogida" que ha tenido entre la mayoría de los profesionales de la justicia y las principales organizaciones sindicales el Decreto aprobado el pasado enero por el Gobierno andaluz para impulsar este nuevo modelo de organización judicial que agilizará y mejorará el funcionamiento de este servicio público.
El consejero ha apostado por el "diálogo y el acuerdo" para impulsar a partir de ahora el desarrollo de este proyecto y negociar las órdenes y la relación de puestos de trabajo para su implantación, al tiempo que ha explicado que "el decreto aprobado sólo establecía un marco legal amparado en el cumplimiento de una ley estatal que no obligaba a la negociación".
De Llera ha asegurado que la nueva Oficina Judicial empezará a desarrollarse durante este año como primera experiencia en los juzgados del municipio almeriense de El Ejido y en los de Vélez Málaga, mientras que el proyecto piloto de la Oficina Fiscal se desplegará en la Fiscalía de Sevilla. Además, ha anunciado que el proyecto "se irá implantando de forma progresiva y conforme se vayan aprobando las relaciones de puestos de trabajo, que estarán supeditas a las posibilidades técnicas, organizativas y presupuestarias".
La Consejería prevé comenzar con su implantación en los partidos judiciales más pequeños y sin separación de jurisdicciones, además de contar con servicios comunes en funcionamiento y edificios ya adaptados a esta nueva organización, como ocurre con las sedes que acogerán los proyectos piloto. En una segunda fase el proyecto se extenderá a los partidos judiciales con separación de jurisdicciones para culminar su implantación final en los partidos judiciales de mayor tamaño y que cuentan con salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
ESFUERZO PREVIO EN SERVICIOS COMUNES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
El responsable andaluz de Justicia ha resaltado también el trabajo realizado por la Junta en los últimos años y se ha referido a la valiosa experiencia previa que ha supuesto la puesta en marcha de 45 servicios comunes de partido judicial y siete servicios de notificaciones y embargos. Asimismo, ha valorado el esfuerzo que se viene realizando en el desarrollo de sistemas informáticos y nuevas tecnologías y que, a su juicio, "va a facilitar ahora la implantación del nuevo modelo, así como las mejoras realizadas también en los últimos años en infraestructuras judiciales que permiten ahora que muchos edificios estén ya plenamente adaptados a la nueva Oficina Judicial y Fiscal".
En este sentido, ha precisado que la implantación de este proyecto "no debe contemplarse como una medida que conlleve aumento del gasto, al contrario, conforme se vaya poniendo en marcha irá suponiendo mejoras económicas gracias la racionalización de los recursos existentes". De Llera ha mostrado su plena confianza en este proyecto y su convencimiento en los buenos resultados que generará su implantación, "ya que será una palanca estratégica para, junto al desarrollo de las nuevas tecnologías, avanzar en la modernización de este servicio público y contar con una verdadera Justicia del siglo XXI", ha sentenciado.
El nuevo modelo organizativo romperá con la configuración clásica de los juzgados --juez, secretario judicial y personal de cada órgano-- e impulsará una organización de medios personales y materiales más eficiente y racional que redundará en la calidad de este servicio. En su intervención parlamentario, De Llera ha explicado que esta nueva estructura judicial reducirá los tiempos de respuesta y permitirá una mejor distribución de las tareas entre los funcionarios judiciales, fomentado el trabajo en equipo y la especialización del personal.
En el nuevo modelo de Oficina Judicial se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin estar integradas en órganos judiciales concretos, asumirán labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.
Estos servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial. Estos últimos se configurarán a su vez en dos secciones: procesal general y de ejecución.
Por su parte, la diputada popular Rosalía Espinosa López ha destacado algunos datos que diferencian a Andalucía de otras comunidades. Así, precisa que en 2012 hubo "más de 1.916.000 nuevos asuntos, muy por encima de la media nacional" o que "hay unas 500.000 ejecutorias pendientes", lo que provoca que sucedan casos "horribles" como el ocurrido en Huelva --en referencia al caso Mari Luz--, un caso sobre el que De Llera ha explicado que "se dio por falta de conexión entre distintos órganos" y que eso "no podría ocurrir hoy".
Asimismo, el PP-A señala que la nueva Oficina Judicial "es la solución, con la potenciación de la mediación", pero añade que "tiene que ir más rápido, porque lo necesitamos y los datos así lo aconsejan". Por tanto, destaca que "van a apoyar los esfuerzos y impulsar el trabajo de la Consejería", pero se preguntan hasta qué punto, y después de 17 años con competencias transferidas en justicia, están preparadas la Consejería y las sedes para recibir este nuevo sistema de trabajo.
"Hay 80 partidos judiciales que necesitan programación, una fecha y un mapa de implantación", así como una planificación, presupuesto y diálogo con los sindicatos". Por último, anuncia que el PP-A presentará iniciativas "para intentar impulsar dentro de sus posibilidades esta Oficina Judicial".
Por su parte, la diputada de IULV-CA, Alba Doblas, ha dicho "estar asombrada" por que el consejero "siga afirmando sin pudor que la implantación de la nueva oficina es un deseo de los sindicatos", cuando estos, prosigue, "han manifestado su malestar por no haber negociado el Decreto aprobado en enero, pese a que afecta al funcionario de la Administración de Justicia", una afirmación que De Llera desmiente porque "no cambia nada las condiciones de trabajo de estas personas" y dice que de ser así "lo hubieran negociado".
Además, De Llera señala que desde el primer borrador, este proyecto "se explicó a todos los sindicatos", muchas de cuya opiniones "fueron tenidas en cuenta para elaborar el texto definitivo", al tiempo que ha reiterado que el Decreto "no exige negociación". La diputada de IU afirma que "una cosa es entregar el Decreto, y otra negociarlo", y ha insistido en que "no se puede obviar a los sindicatos, cuando las condiciones de trabajo se ven afectadas".
Al hilo de lo anterior, Doblas indica que existe un recurso de una sindicato contra la nueva oficina, al considerar "vulnerada" la negociación colectiva. Ante esto, De Llera insiste en que "nunca dijo que se había negociado, y sí que no era necesaria la negociación", lo que "vamos a ver cuando los tribunales resuelvan dicho recurso por falta de negocación que, estoy seguro, van a desestimar".
