Llama la atención sobre la falta de políticas de movilidad sostenible y falta de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones
SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha entregado este martes al Presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, el Informe Especial sobre seguridad, accesibilidad y calidad ambiental en los espacios urbanos peatonales de las ciudades andaluzas, en el alerta de la gran "conculcación" de derechos fundamentales que "hay detrás de la vida de las ciudades" y hace un llamamiento a los poderes públicos, sobre todo en el ámbito local, para que se tome en consideración la necesidad de mejorar.
"Detrás de este informe hay 20 artículos del Estatuto de Autonomía que no se respetan y de los que queremos que los ciudadanos puedan gozar", señala Maeztu en rueda de prensa, en la que apunta que "la paradoja es que justamente cuando se tiene más conciencia y se diseña la ciudad en planes de movilidad de modo inteligente y de modo humanizado, tenemos que la realidad de la ciudad, cuando la pateas, no es la misma".
Así, en este informe denuncia la situación generalizada de abandono en que se encuentran el mantenimiento y la conservación de muchos de estos espacios; la extralimitaciones en las autorizaciones de veladores y música en los establecimientos hosteleros; la existencia de barreras arquitectónicas; localización inadecuada del mobiliario urbano y señales defectuosas; usurpación del espacio peatonal; la contaminación acústica, atmosférica, e incluso lumínica y visual en muchas zonas, etcétera.
"EL MODELO REAL SE IMPONE AL MODELO NORMATIVO"
El informe del Defensor del Pueblo Andaluz concluye que estas deficiencias de los espacios urbanos de nuestras ciudades son el resultado de la ausencia de políticas de movilidad sostenibles eficientes, a pesar de los numerosos planes de movilidad y normativa sobre la materia. Maeztu asegura que "hay que casar ese diseño de las ciudades con un seguimiento más detallado y profundo de los que nos dicen los propios peatones", porque "el modelo real se impone al modelo normativo y virtual".
Además, también se echa en falta un proceso participativo en la toma de decisiones de la ciudadanía, y de manera singular, del movimiento asociativo de personas con discapacidad, y representantes de los derechos de los viandantes y del ciclismo, entre otros colectivos. Al respecto, el Defensor defiende que los ayuntamientos "tienen que escuchar a las asociaciones de vecinos o de discapacitados, puesto que si el peatón habla hay consenso y eficacia".
Asimismo, el Defensor, para mejorar la calidad de estos espacios, propone una serie de medidas, concretadas en 20 resoluciones, 15 sugerencias y dos recordatorios de deberes legales. Entre ellas, elaborar un mapa de obstáculos móviles y fijos existentes en aceras, plazas, espacios libres y zonas verdes; adoptar medidas que garanticen que toda obra nueva o de reforma que se ejecute cumpla con la accesibilidad; el cumplimiento de los estándares que fija la LOUA para zonas verdes y espacios libres; estrategias de transporte público colectivo; planes para la reducción de la emisión de gases.
50% DE LA POBLACIÓN ANDALUZA SOPORTA RUIDOS POR ENCIMA DE LOS 65 DB
Y, sobre todo, hace una llamada a la responsabilidad de los poderes públicos para atajar la contaminación acústica, donde Andalucía figura por encima de la media española y europea de los niveles permitidos. En este sentido, lamenta que en Andalucía más del 50 por ciento de la población se ve obligada a soportar niveles de ruido superiores a los 65 decibelios, mientras que es media de población que se ve afectada por esta contaminación a nivel nacional es del 33 por ciento, es decir, 17 puntos menos que en Andalucía.
El informe considera "inexplicable" la "nula conciencia" que parece existir en Andalucía por parte de los responsables municipales de este problema de "primer orden", del que la oficina del Defensor acumula "más de 150 quejas".
En definitiva, el informe pretende ser una llamada de atención a los poderes públicos, sobre todo del ámbito local, para que se tome en consideración la necesidad de apostar por la seguridad, la accesibilidad y la calidad ambiental de los itinerarios y, en general, de los espacios públicos peatonales de nuestras ciudades.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha realizado el estudio a partir del análisis de las consultas dirigidas a todos los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes y a todas las asociaciones de personas con discapacidad; de las visitas de campo a diferentes ciudades y de los contactos y reuniones con asociaciones de defensa de las personas que se desplazan a pie, además de las consultas de información pública sobre cuestiones de calidad ambiental publicadas por las administraciones.
