Más de 1.200 agricultores se beneficiarán de la anulación de las condiciones para cobrar las ayudas a forestación

Actualizado: lunes, 6 julio 2009 15:41

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo, tras un recurso interpuesto por Asaja-Andalucía, ha declarado hoy nula la disposición transitoria única del Decreto 31/2005 de 8 de febrero, que establece normas de aplicación a las ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrarias. La anulación beneficiará a más de 1.200 agricultores y ganaderos de toda Andalucía, por un importe global que supera los 222 millones de euros, repartidos en 37.000 hectáreas.

Según informó la asociación en un comunicado, dicha disposición declaraba la aplicación de nuevas condiciones "más rigurosas" para el acceso a las ayudas de forestación para los expedientes del periodo 1993-1998, de manera que se agravaban de forma retroactiva tales condiciones, en contra tanto de la normativa en vigor en el momento de la solicitud de ayudas, como de los convenios firmados entre agricultores y la Administración para llevar a cabo dichas reforestaciones.

La consecuencia inmediata de la aplicación de la disposición, hoy declarada nula, fue la imposición a los agricultores de "unas condiciones más gravosas, exigiéndoles nuevos gastos no previstos ni subvencionados, el inicio de expedientes de devolución de ayudas o la paralización de los expedientes", lo que llevó a Asaja-Andalucía a interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo.

Tal circunstancia afectó a la totalidad del territorio andaluz, a un total de 1.228 expedientes, por un montante global de más de 222 millones de euros, resultado de multiplicar los 1.200 euros por hectárea de la ayuda, por una superficie de 37.000 hectáreas a lo largo de 5 años --desde 1993 a 1998--.

Como resultado del endurecimiento de la normativa, numerosos agricultores y ganaderos no llegaron a cobrar "ni un euro" de estas ayudas, "imprescindibles para forestar las tierras agrarias, motor de nuevas zonas verdes y fundamentales para la lucha contra el cambio climático", aseguró la organización.

Asimismo, otros agricultores y ganaderos, cuyos expedientes se resolvieron de forma temprana, llegaron a cobrar, pero, al no cumplir con las nuevas exigencias, se encontraron con la reclamación por parte de la Administración de las ayudas cobradas junto a unos intereses. Por último, los agricultores y ganaderos que decidieron someterse a las exigencias de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta, tuvieron que asumir los nuevos costes no previstos.

La sentencia del Tribunal Supremo ha abierto la vía a desestimar las pretensiones de la Consejería de Agricultura y Pesca de devolución de ayudas, a desbloquear expedientes pendientes y a la posibilidad de reclamar daños por parte de los agricultores y ganaderos por el sobrecoste derivado de las condiciones impuestas por la disposición hoy anulada.