La Junta y el Ministerio Fiscal aún no han recurrido los recursos, cuyo plazo de alegaciones finaliza el próximo lunes día 3
SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de 135 padres andaluces, algunos de ellos en representación de asociaciones de padres, han solicitado información para adherirse a los cinco recursos administrativo-contenciosos interpuestos el pasado día 17 de agosto en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por cinco padres que, mediante una iniciativa particular, pretenden que dicho órgano judicial imponga medidas cautelares para suspender el decreto de la Junta de Andalucía, que desarrolla la implantación de dicha asignatura.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de los padres que han llevado a cabo esta medida judicial, Carlos Seco Gordillo, explicó que, tras recibir "numerosas" llamadas telefónicas de padres de alumnos que querían interponer recursos administrativos similares, tomó la decisión de recomendarles que "se personen en los mismos recursos administrativos ya interpuestos".
Así, este padre, que además es abogado, ofreció el correo electrónico 'carlos.seco@terra.es' para que todos aquellos progenitores que quisieran adherirse a este recurso recibieran información sobre cómo hacerlo. Concretamente, dicho correo electrónico ha recibido desde su puesta en marcha, --concretamente hace una semana--, un total de 145 emails, de los que 135 solicitan información para adherirse o para interponer nuevos recursos.
No obstante, Seco Gordillo aseguró que, a la mayor brevedad posible, explicará a todas estas personas el procedimiento que deben seguir. Si bien, subrayó que les recomendará que se adhieran a los recursos ya presentados, ya que, a su juicio, "lo más práctico es no inundar la sala de lo contencioso-administrativo con muchos más recursos".
En esta línea, indicó que todos aquellos padres que finalmente se decanten por interponer sus propios recursos, ya no podrán hacerlo por la vía de vulneración de derechos fundamentales, --como los cinco ya interpuestos--, "debido a que estarían fuera de plazo". Por este motivo, tendrían que interponer un recurso ordinario.
Por otro lado, Seco Gordillo subrayó que ni el Ministerio Fiscal ni la Junta de Andalucía han recurrido hasta el día de hoy los recursos interpuestos en el TSJA contra EpC, ya que, de haber sido así, dicho organismo judicial lo habría notificado a los padres que presentaron los citados recursos. No obstante, el plazo de alegaciones finaliza el próximo lunes, día 3 de septiembre.
EMAILS DE OTRAS COMUNIDADES.
Además de estos 135 emails, este padre residente en Sevilla ha recibido otros diez correos electrónicos solicitando información al respecto de padres de Madrid (cinco), Cataluña (tres) y Castilla-La Macha (dos). También una asociación de padres de Galicia, se ha puesto en contacto con él por vía telefónica.
Respecto a estas peticiones, Seco Gordillo indicó que tendrá que analizar la situación de los decretos de implantación de la asignatura en estas regiones y ver si los padres se encuentran todavía dentro de plazo para interponer recursos administrativo-contenciosos por la vía de vulneración de derechos fundamentales o por la vía ordinaria.
"VULNERACIÓN DERECHOS FUNDAMENTALES".
Por otro lado, Seco precisó que los cinco recursos contenciosos administrativos interpuestos en el TSJA "están basados en la vulneración de los derechos fundamentales de libre elección y educación, así como en la libertad de religión". Al hilo de ello, insistió en que la implantación de EpC "vulnera nuestros derechos jurídicos, debido a que el Gobierno andaluz ha aprobado el desarrollo de la asignatura cuando ya habíamos matriculado a nuestros hijos en los colegios".
Con esta medida, Seco dijo esperar que el TSJA "dicte sentencia en favor de la libertad religiosa y moral de nuestros hijos". De igual modo, añadió que dicha asignatura "traspasa los contenidos educativos e introduce la ideología de género", algo que, según apuntó, "no estamos dispuestos a aceptar".
De igual modo, este ciudadano aseguró que los problemas de la implantación de esta asignatura finalizarían si "el Ministerio de Educación y la Consejería del ramo tomasen la decisión de convertirla en una asignatura optativa, lo que eliminaría los actuales problemas de inconstitucionalidad".
OBJECIONES DE CONCIENCIA.
Por otro lado, según apareció publicado el martes 14 de agosto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press, la consejera de Educación, Cándida Martínez, retiraba mediante una orden a las delegaciones provinciales "las competencias para la resolución de las solicitudes de conocimiento del derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía". En su lugar, el viceconsejero Sebastián Cano, asume dichas competencias "en aras de una necesaria uniformidad resolutoria".
Asimismo, según los últimos datos de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de Escuelas Católicas (Confapa) a finales de julio se habían cursado unas 2.000 solicitudes de objeción de conciencia contra la asignatura Educación Para la Ciudadanía, que se impartirá a partir de septiembre en 3º de ESO.
