Mercasevilla eleva al juzgado de lo Mercantil el acuerdo de acreedores destinado a esquivar su liquidación

Marcha en defensa de Mercasevilla
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Publicado: jueves, 3 mayo 2018 18:49

Este jueves expiraba el plazo habilitado por el Juzgado de lo Mercantil número dos para entregar la documentación

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La sociedad mixta Mercasevilla, participada en un 51,4 por ciento por el Ayuntamiento hispalense y en un 48,4 por ciento por la empresa estatal Mercasa y en concurso voluntario de acreedores, ha elevado al Juzgado de lo Mercantil número dos el convenio de acreedores aprobado recientemente por su consejo de administración y todos los aspectos asociados al mismo, toda vez que este mismo jueves expiraba el plazo habilitado por dicha instancia judicial para el cumplimiento de tal medida, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

La empresa solicitó el concurso voluntario de acreedores después de que la sociedad estatal Mercasa, segundo socio de la misma, no apoyase una ampliación de capital promovida ante una sentencia que condena a la entidad a pagar casi nueve millones de euros a la constructora Sando, toda vez que la indemnización se eleva ya a más de 22,3 millones de euros a cuenta de los intereses de demora.

En el marco del citado concurso de acreedores, los administradores concursales de Mercasevilla han fijado en 26,6 millones de euros la deuda total de acreedores afrontada por la empresa, una cuantía copada por la sentencia de Sando, ya ratificada por el Tribunal Supremo. Al respecto, la citada propuesta de convenio de acreedores contempla una quita del diez por ciento de la deuda global y un periodo de pago de tres años.

EL DINERO

Para materializar los pagos de dicho convenio, el Ayuntamiento y Mercasa habrán de aportar los fondos necesarios como socios principales de la empresa, toda vez que todo esto ocurre en un contexto en el que en junio de 2021, y según los estatutos de Mercasevilla, la sociedad quedará automáticamente disuelta y todos sus activos y pasivos revertirán en el Ayuntamiento, con lo que además es necesario definir el futuro de la gestión del mercado central hispalense.

Dado el caso, el pleno del Ayuntamiento hispalense aprobaba recientemente con el apoyo de todos los grupos municipales, a excepción de la abstención del PP, una propuesta que incluía la adhesión del Consistorio al convenio de acreedores y en consecuencia "la aportación de los fondos necesarios para las obligaciones de pago".

Además, el acuerdo plenario contempla una "oferta" a la sociedad estatal Mercasa para que participe en la "gestión conjunta" del mercado central más allá de que en 2021 se disuelva la empresa, con "las nuevas aportaciones de fondos necesarias que correspondan en función de su participación accionarial".

LOS TERRENOS

El acuerdo incluye, por cierto, el compromiso de "articular para el futuro desarrollo conjunto de la actividad los mecanismos ecesarios para que las eventuales plusvalías que en su caso se generasen por cualquier transmisión o enajenación de activos inmobiliarios adscritos a Mercasevilla, una vez realizadas en su caso las inversiones necesarias para una reubicación de las instalaciones, se consideren imputadas o vinculadas al Ayuntamiento" en solitario.

Y es que los terrenos donde se asienta Mercasevilla, de titularidad municipal, están calificados como suelo residencial y un hipotético traslado de las instalaciones permitiría la venta de tales suelos con los correspondientes ingresos, si bien se trata de suelos inscritos en favor del Consistorio y no de Mercasevilla como tal.

En ese contexto, el Gobierno local socialista reconocía durante la sesión plenaria que median "discrepancias" entre el Ayuntamiento y Mercasa respecto al futuro más allá de 2021 y el destino de los suelos, toda vez que Mercasa votó en su momento en contra de la aprobación de las cuentas de Mercasevilla de 2017.

Ya hace pocos días, y cuando este mismo jueves vencía el plazo habilitado por el Juzgado de lo Mercantil número dos para que Mercasevilla formalizase un convenio con sus acreedores, al objeto de evitar su hundimiento en la liquidación, el consejo de administración de la empresa votaba y aprobaba por unanimidad tal propuesta de convenio de acreedores, con una quita del diez por ciento, y los planes de pago y de viabilidad asociados a tal extremo.

La aprobación de tales aspectos fue posible al alcanzar Mercasevilla y Mercasa un acuerdo respecto al contenido concreto de los textos, pactando ambas partes que en el documento suscrito y elevado al Juzgado figurase el Ayuntamiento como "compromitente" y Mercasa como accionista que respalda el convenio.