SANTIPONCE (SEVILLA), 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La "mesa de trabajo" creada en Santiponce (Sevilla) en torno a la situación del monasterio fortificado de San Isidoro del Campo, fundado en 1301, declarado bien de interés cultural (BIC) y donde en agosto de 2016 fueron expoliados dos paños completos de azulejos, ha celebrado recientemente su XII reunión para avanzar en acciones y medidas destinadas a mejorar la conservación y proyección de la citada joya arquitectónica, con la participación expresa de la delegada territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Susana Cayuelas.
La reunión, según el acta de la misma, recogida por Europa Press, fue celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Santiponce, contando con la participación de Susana Cayuelas, buena parte de la Corporación local poncina con su alcalde al frente, Justo Delgado, y representantes de varias asociaciones y hermandades del municipio.
Durante la sesión, Susana Cayuelas habría defendido el "compromiso claro y comprometido, al máximo", del nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs con el enclave de San Isidoro del Campo, recordando que el proyecto presupuestario de la Junta para 2020 contempla 334.000 euros para este monumento, especialmente para la recuperación de su cerca histórica. Previamente, recordémoslo, la Asociación de Amigos del Monasterio de Santiponce había criticado que los presupuestos autonómicos de 2019 no incluyesen "ningún tipo de ayuda económica para el mantenimiento y la rehabilitación" del recinto.
El historiador y escritor Pedro Respaldiza, uno de los principales expertos en el conjunto monumental de San Isidoro del Campo, celebraba de su lado la "normalización y apertura de canales" entre los colectivos que defienden el enclave y los representantes de la Administración andaluza, tras la falta de sintonía con miembros del anterior Gobierno autonómico.
Por parte de la Asociación Ben Baso de profesores para la difusión y protección del patrimonio histórico se habría demandado esclarecer si "hay un proyecto para intervenciones futuras" en el monasterio, insistiendo Susana Cayuelas en el "compromiso claro" del actual Gobierno autonómico para con el enclave.
El alcalde de Santiponce, de su lado, habría apostado por implicar a la Diputación en las acciones destinadas a recabar apoyos y proyección para el monasterio, así como por sopesar la colaboración de "iniciativas privadas", mencionando expresamente a la Fundación Abre, formada por profesionales de entidades religiosas evangélicas y que contaría con una propuesta de inversión para el monumento. Cayuelas y Respaldiza, en ese sentido, habrían apoyado estudiar la propuesta de dicha entidad, aún no formalizada.
SAN ISIDORO DEL CAMPO
El monasterio, para el que se reclama su restauración completa y mayor proyección, se divide entre un sector propiedad de la Junta de Andalucía y otra zona perteneciente a la Fundación Casa Álvarez de Toledo y Mencos, si bien mediante un convenio de 1991, la Junta goza de los usos de una serie de espacios del monumento pertenecientes a la citada casa nobiliaria.
Se trata, según la documentación recogida por Europa Press, de la iglesia primera y segunda, la sacristía, la sala capitular, el refectorio, la capilla de reservado, el claustro de los Muertos y sus dependencias anexas, el patio de los naranjos y el corral de los conejos.
Este sector del monumento cuyos usos tiene cedidos la Casa Álvarez de Toledo y Mencos a la Junta se corresponde precisamente con la actual parte visitable del monumento, rehabilitada años atrás gracias a las inversiones de la Administración andaluza.
Pero en la anterior legislatura, el entonces Gobierno andaluz del PSOE estudiaba desligar a la Junta de la gestión de la zona del monasterio perteneciente a la fundación nobiliaria y restaurada para su apertura al público. Al respecto, el que fuera delegado territorial socialista de la Consejería de Cultura en Sevilla José Manuel Girela señalaba la "obsolescencia" jurídica del convenio firmado en 1991 entre ambas partes.
Según Girela, la Ley Andaluza de Patrimonio Histórico, en vigor desde hace más de diez años, y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, habrían dejado "obsoleto" el mencionado convenio de 1991, acusando además a la Casa Álvarez de Toledo de "incumplir" sus obligaciones en materia de conservación del monumento.
No obstante, los colectivos culturales de Santiponce recuerdan insistentemente que "el 80 por ciento del monasterio es propiedad de la administración autonómica" y reclaman a la Junta que acometa la restauración de la parte del enclave cuya titularidad ostenta.
