SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
Después de que el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, que indaga presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, haya ofrecido al Ayuntamiento hispalense la opción de ejercer acciones judiciales como perjudicado, el portavoz municipal de Cs, Javier Millán, ha exigido al alcalde, Juan Espadas (PSOE), que el Consistorio se persone como acusación particular en la causa.
Mientras en esta providencia recogida por Europa Press la juez instructora señala que las diligencias ponen de relieve "incumplimientos e infracciones" de las normativas municipales que pesan sobre la actividad del taxi, ofreciendo por ello al Ayuntamiento que ejerza "acciones como perjudicado", Millán considera que el Consistorio debe personarse en calidad de acusación particular.
Según el portavoz municipal de Cs, "el alcalde del PSOE no hizo nada cuando reclamamos que se expulsara a la mafia del taxi de los órganos del Ayuntamiento", considerando "lamentable que sea la propia juez quien haya tenido que instar al gobierno socialista a que se presente como parte perjudicada" en la investigación judicial.
"Esta mafia ha perjudicado claramente la libre competencia en el sector del taxi y con ello a todos los sevillanos y al sector turístico de la ciudad", avisa el portavoz municipal de Cs, exponiendo que por ello el alcalde debe "posicionarse de una vez por todas frente a quien daña la imagen de Sevilla, su marca turística y a la enorme mayoría de taxistas honrados de la ciudad".
En la misma providencia, por cierto, la juez instructora resolvía ampliar la investigación a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi como persona jurídica como tal, toda vez que ya figuraban como investigados en la causa judicial sus principales dirigentes, entre ellos Enrique Filgueras, Antonio Velarde o Francisco Ternero, con relación a presuntas coacciones promovidas para monopolizar la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, regida por una tarifa única.
Recordemos que fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.
LA SITUACIÓN DE SOLIDARIDAD HISPALENSE
En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales responsables de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, con sede precisamente en el aeropuerto de Sevilla y cuyas instalaciones fueron objeto de un registro policial allá por junio de 2017.
Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad.
De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración" en la parada de taxis del aeropuerto.
Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación".
Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según los atestados policiales, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam", entre otros aspectos.
La defensa de los dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi investigados en esta causa, de su lado, ve "novelescos" estos atestados policiales al considerar que se basan en meras "elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio".
