SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, prevé que la reforma de la administración local promovida por el Gobierno central "repercutirá en 600 millones de euros más", un gasto que se asumiría en las arcas de la Junta al año, aunque estima que ese impacto "podría ser mucho mayor" y "podría elevarse a 1.500 millones de euros" si se confirma que a nivel nacional se estima un ahorro de más de 8.000 millones de euros.
Montero ha indicado que desde su departamento han comenzado a cuantificar la aplicación de la reforma, con una previsión inicial de un aumento del gasto para Andalucía de unos 600 millones de euros anuales. Asimismo, ha hecho referencia a los datos de liquidación en 2012 del Ministerio de Hacienda, que cifraba en 8.331 millones de euros el gasto de las entidades locales, de los que 2.410 millones correspondieron a educación, 802 millones a sanidad y 5.118 a servicios sociales. Ha agregado que, extrapolando las cifras a Andalucía, el impacto para la comunidad sería de 1.500 millones.
En su comparecencia parlamentaria en comisión, la consejera, quien ha recordado que la Junta ha recurrido dicha reforma ante el Tribunal Constitucional, considera que la reforma de la administración local "no resolverá los problemas de financiación, ni de distribución de competencias, ni de duplicidades" de la administración local; lo único que consigue es la vulneración de la autonomía municipal y abrir la vía a la privatización de los servicios sociales".
"La Junta no tiene conocimiento de que vaya a haber financiación para permitir ese traspaso de competencias desde los ayuntamientos", agrega la consejera, quien reclama que esa financiación sobre servicios que venían prestando los ayuntamientos y que ahora prestará la Junta por considerarlas competencias "impropias" de los ayuntamientos, proceda del Estado, ya que "si no es así, tendremos que recortar de algunas partidas en sanidad, educación, dependencia o vivienda".
La consejera ha indicado que su impacto financiero se producirá a partir de diciembre de 2015, que es el plazo que fija la ley para que las comunidades autónomas asuman las competencias en servicios sociales. No obstante, ha expresado la preocupación del Gobierno andaluz por las consecuencias para la hacienda pública en futuros ejercicios.
Montero, quien lamenta que esta reforma "de tanto calado haya siro remitida a las comunidades autónomas "sin memoria económica y con alto grado de indeterminación", ha lamentado la falta de diálogo del Gobierno con las entidades locales y las comunidades autónomas, que son las administraciones encargadas de aplicar la ley. La consejera ha llamado la atención sobre la falta de concreción económica de la ley y sobre la negativa del Gobierno a atender el dictamen del Consejo de Estado "inusitadamente duro y con advertencias de inconstitucionalidad".
A su juicio, este es un "debate trampa", con el que "se quiere poner en cuestión la arquitectura local con la que nos dotó la Constitución, y se quiere conseguir una pérdida importante de la identidad municipal".
La consejera ha demandado "vías de diálogo" para discutir como se van a financiar las competencias que estaban en el ámbito local "sin que se vean afectadas la sanidad, educación, servicios sociales ni dependencia", y ha pedido la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para abordar esta y otras cuestiones, como la reforma fiscal o el sistema de financiación autonómica. Ha recordado que el CPFF aún no se ha convocado "a pesar de que se anunció que se celebraría antes de finales de este mes y hay materia más que suficiente".
Montero ha querido expresar un mensaje de "compromiso" hacia los ciudadanos y trabajadores del ámbito local, a los que garantiza "la defensa de esos ciudadanos con las vías jurídicas y de diálogo, pues no permitiremos que se vulneren los derechos de las personas".
MENOS EFICIENCIA Y VACIAMIENTO DE COMPETENCIAS
La consejera ha defendido que Andalucía no comparte la reforma por motivos ideológicos, "porque creemos en la autonomía municipal", y también por cuestiones de eficiencia "que tienen que ver con una gestión sostenible de las cuentas públicas y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad".
"La eficiencia es la mejor garantía para sostener lo público, pero esta reforma parece que busca todo lo contrario", ha afirmado. Pues "una vez más se obliga a las comunidades a un esfuerzo adicional en la senda de consolidación fiscal". La consejera ha señalado como el dictamen del Consejo de Estado ya alertaba que la asunción de servicios municipales por las comunidades autónomas supone un coste adicional "que no todas están en condiciones de sufragar, sin afectar a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
Considera que el modelo propuesto por el Gobierno central "no es ni más eficaz ni más económico", al contrario provocará "servicios de peor calidad y a un coste más elevado para el ciudadano". Como consecuencia, aumentarán los problemas en la prestación de servicios básicos como recogida y tratamiento de residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua, acceso a los núcleos de población o pavimentación de las vías. Asimismo, generará "incertidumbre", poniendo en riesgo las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos, alertaba la consejera.
La consejera ha reivindicado una reforma de la ley de haciendas locales "coherente con el nuevo modelo de financiación autonómica" para abordar el problema de la financiación de las corporaciones locales "en su conjunto" y actualizar el régimen de bases del régimen local de manera seria, dialogada y que respete los principios constitucionales.
La consejera lamenta que "nadie responde a nuestras preguntas y los ayuntamientos empiezan a ponerse nerviosos sobre quien va a prestar esos servicios", y ha precisado que actualmente esos servicios los pagan los ayuntamientos a través de sus recursos propios.
"O cambian el modelo de financiación autonómica o las cuentas no saldrán, pues la reforma local nos obliga a asumir nuevas competencias sin financiación adicional", ha agregado la consejera, quien alerta del "vaciamiento de competencias" que tendrán los ayuntamientos.
PÉRDIDA DE 40.000 EMPLEOS, SEGÚN IU
Por su parte, el diputado de IU Ignacio García considera que la reforma local "genera inseguridad jurídica para todos" y lamenta las "muchas contradicciones" de dicha norma, que "genera una grave ansiedad en España, en especial en el ámbito local".
Así, ha advertido de que "se pueden perder 40.000 puestos de trabajo en el ámbito local en Andalucía" si se aplican los contenidos de dicha reforma.
García espera que "las cosas se reconduzcan y todo vuelva a su cauce".
