MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha vuelto a insistir, en su Informe Anual de 2009, en que no comparte los criterios de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para no declarar en situación de desamparo a los menores extranjeros no acompañados (MENA).
En su memoria de 2008, la institución que preside Enrique Múgica consideraba que la Administración Autonómica incumplía la ley al no proceder a la declaración de desamparo de estos menores ya que entendía que éstos se encuentran en España "en una situación de total desatención por parte de quienes están llamados a protegerlos y tenerlos a su cuidado".
Tras recibir una recomendación para que cambiase sus criterios, la Consejería que dirige Micaela Navarro argumentó, según la información recogida en el informe de 2008, que los menores extranjeros no acompañados están suficientemente protegidos al encontrarse bajo la guarda de los servicios andaluces de menores. Ésta no consideraba necesario declarar formalmente el desamparo del menor para protegerles de manera más efectiva.
Además, tras hacerse pública la recomendación, la directora general de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad de la Junta de Andalucía, Carmen Belinchón, aseguró que los 863 menores extranjeros no acompañados que en aquel momento se encuentraban tutelados por la Administración autonómica tenían "iniciado y, en muchos casos finalizado, el procedimiento de declaración de desamparo".
Belinchón explicó entonces a Europa Press, que el primer paso que da la Junta de Andalucía cuando un MENA llega a las costas andaluzas es "declarar la tutela de hecho" para luego dar paso al procedimiento de tutela de derecho o declaración de desamparo formal, y rechazó así que la Junta "infrinja la ley" en este sentido tal y como apuntaba el Defensor.
Sin embargo, en el informe correspondiente a 2009, Múgica vuelve a fijarse en la actuación de la Junta en este sentido y subraya que, si bien ésta ha manifestado "coincidir" en el fondo de la recomendación, en la práctica se evidencia que "sigue criterios contrarios a los que pretende el Defensor".
