SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de Sevilla ha atendido desde su creación a más de 10.000 personas o familias que requerían información, asesoramiento o apoyo institucional ante dificultades en materia de vivienda, cobrando especial atención los casos de 1.027 familias en riesgo de perder su vivienda, de los que 727 cuentan con expediente ya cerrado por la adjudicación de una vivienda social en 181 de estos casos, por acuerdos con los propietarios en cien casos y los demás por desentenderse los reclamantes o no ser el asunto competencia de la oficina, entre otros aspectos.
El concejal de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, y el gerente de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), Felipe Castro, han hecho este miércoles balance del funcionamiento de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento entre 2016 y el momento actual.
Según los datos desgranados por Flores y Castro, desde el estreno de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda el pasado 31 de mayo de 2016, el equipo de dicho departamento ha atendido a aproximadamente 10.000 personas, con relación a consultas de diversa índole, peticiones de asesoramiento o información o demandas de ayuda institucional por situaciones de vivienda, pesando los casos de 1.027 personas o familias con clara amenaza de perder su vivienda.
Entre estos casos, el 52 por ciento de las viviendas eran propiedad de entidades bancarias, el 33 por ciento de particulares y el 6 por ciento de la propia Emvisesa.
Ante los casos de estas 1.027 personas o familias y la atención prestada a las mismas, la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha zanjado 181 situaciones mediante la adjudicación de una vivienda social por la vía de la excepcionalidad, dada la situación de riesgo de exclusión social que afrontaban estos ciudadanos, mientras cien casos fueron resueltos mediante acuerdos entre los afectados y los propietarios de las viviendas, 154 expedientes fueron cerrados después de que sus promotores dejasen de colaborar o de pedir respaldo institucional y otros 109 expedientes fueron archivados al constatar que se trataba de situaciones ajenas a las competencias de la Oficina de Vivienda.
LAS CIFRAS
En total, según Flores y Castro, la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha dado por resueltos 727 de los 1.027 expedientes abiertos por casos de riesgo de pérdida de vivienda, pesando la judicialización de 559 de estos casos, entre los que destacan 148 juicios penales por usurpación de vivienda, 146 procedimientos de desahucio por impago de la hipoteca y 137 ejecuciones hipotecarias.
Defendiendo insistentemente en que "no se ha producido un solo desahucio sin una alternativa habitacional a los afectados", Flores y Castro han desgranado que entre los 1.027 casos de riesgo de pérdida de vivienda figuran 221 del distrito Cerro Amate, 194 del distrito Norte, 192 del distrito Este, Alcosa-Torreblanca, 41 del Casco Antiguo, 99 de Macarena, 92 en San Pablo-Santa Justa, 87 en el distrito Sur, 52 en Triana, 14 en el distrito Bellavista-La Palmera, 25 en Nervión y diez en Los Remedios.
"PUNTO DE INFLEXIÓN"
"Partimos de una situación compleja, sin recursos, sin un procedimiento y sin instrumentos al servicio de un problema tan importante para la ciudadanía como la vivienda. Hoy, casi cuatro años después, podemos decir que la población tiene un dispositivo a su servicio que pone a su disposición herramientas y recursos para afrontar situaciones difíciles", ha defendido Flores, según el cual el Gobierno local socialista ha marcado un "punto de inflexión" en las políticas de vivienda de la ciudad.
