SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los padres del soldado de Infantería de Marina sevillano Antonio Carrero Jiménez, fallecido en mayo de 2018 en Mali al volcar el todoterreno Iveco Lince en el que viajaba junto a otros militares españoles, ha señalado en un escrito al Juzgado Togado Militar Territorial número 12, que investiga dicho accidente, las "graves irregularidades" relacionadas con la seguridad de dicho vehículo, reclamando "conocer la realidad de lo acontecido".
En un escrito elevado al Juzgado Togado Militar Territorial número 12 recogido por Europa Press, los padres del militar fallecido se adhieren a un recurso de apelación interpuesto por la representación de otros afectados por el siniestro, contra un auto emitido el 18 de diciembre de 2019 por dicha instancia denegando las diligencias de prueba solicitadas por estos afectados y ordenando la repatriación del vehículo a España "como pieza de convicción a disposición" de la investigación.
Entre otros aspectos, la representación de estos otros afectados por el accidente había solicitado "una nueva reconstrucción del accidente por personal especializado de la Guardia Civil que pueda determinar o descartar una posible culpa del conductor, habida cuenta de la velocidad aparentemente excesiva" o la "poca experiencia" del propio conductor, así como una "peritación del vehículo por personal especializado de la Guardia Civil", considerando que el todoterreno siniestrado "debe ser conservado como pieza de convicción hasta que se lleven a efecto las pruebas y actuaciones que permitan esclarecer los hechos".
Tras denegar el juzgado tales diligencias y ordenar la repatriación directa del vehículo siniestrado, la representación de estos afectados interpuso un recurso de apelación contra dicha decisión, extremo a lo que se adhirieron los padres del soldado sevillano fallecido en el accidente, insistiendo en que "se han acreditado graves irregularidades que afectaban a la seguridad" del todoterreno militar, toda vez que según el mencionado juzgado, dicho vehículo fue desplegado en Mali después de que una inspección técnica civil detectase "defectos graves" en los frenos, la dirección o los ejes, y el todoterreno no volviese a ser sometido a la ITV.
Por eso, los padres de la víctima mortal del accidente reclaman que las actuaciones abarquen no sólo las condiciones técnicas del vehículo, "sino también a la forma en la que ocurrió el accidente", para "conocer la realidad de lo acontecido".
ACCIDENTE EN MALI
Según un auto del Juzgado Togado Militar Territorial número 12 recogido por Europa Press, conforme a la muerte de este militar natural de Dos Hermanas (Sevilla) y de 27 años de edad, al maniobrar el vehículo Iveco Lince en el que ocupaba el puesto de tirador para evitar colisionar con un autobús y sufrir una salida de vía derivada en vuelco, dicha instancia judicial solicitó la documentación correspondiente del vehículo militar siniestrado.
En virtud de las diligencias ordenadas por el juzgado, se observó en la tarjeta de inspección técnica del vehículo que desde su matriculación en 2008, "no se le habrían pasado las inspecciones técnicas previstas", exponiendo el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil que "no se ha encontrado marco legal alguno que ampare la no presentación de estos vehículos a la ITV".
El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil dio además cuenta al juzgado de que pese a todo, el Ejército de Tierra habría aportado un documento del que "se deducía que este vehículo había sido presentado el 2 de mayo de 2017 en la ITV/ET Valladolid del Ministerio de Defensa, resultando favorable su inspección".
LA ITV DEL VEHÍCULO
En la documentación aportada por el Ejército de Tierra figuraría además otro documento según el cual, pese a que tampoco se reflejaba en la tarjeta de ITV del vehículo, el mismo "fue presentado en una ITV civil del Principado de Asturias" el 7 de septiembre de 2017, "resultando su examen desfavorable por cuanto se observaron defectos graves en frenos, dirección, ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, quedando inhabilitado para circular por vías públicas".
Es más, el citado documento reflejaría la directriz de que si pasados dos meses el vehículo no había sido nuevamente presentado a la ITV, era preceptivo proponer "la baja" del mismo.
El juzgado, al respecto, determinaba en su momento que conforme a las normas que regulan las ITV vigentes en septiembre de 2017, "era obligatorio dejar reflejado en la tarjeta de ITV el resultado de la inspección", toda vez que "no se tiene constancia de que este vehículo se llevara nuevamente a la estación de ITV después del 7 de septiembre de 2017, con anterioridad a su proyección a Mali en diciembre de 2017".
