6 de abril de 2020
22 de octubre de 2014

Parlamento convalida el decreto que adapta a la normativa estatal la regulación de ayudas para cooperación internacional

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, el decreto ley por el que se modifican otros tres decretos sobre inclusión social y con el que, además de adoptar medidas relativas para a las subvenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo, se garantizan las necesidades alimentarias básicas de personas y familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

Según ha defendido ante el Pleno del Parlamento andaluz el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, se trata de un decreto ley que realiza "modificaciones técnicas y elementales" en los decretos leyes 8/2014 del 10 de junio, en el del 6/2014 de 20 abril y el 9/2014 de 15 de julio, a los que se incorporan "unas mínimas correcciones para asegurar unos resultados plenamente satisfactorios" en los Programas de 'Emple@Joven' y 'Emple@30+'.

Junto a ello, el decreto ley convalidado este jueves, que fue elevado y sometido a deliberación del Consejo de Gobierno el pasado día 7 y publicado en el BOJA el 16 de octubre, también incluye una disposición que adapta a la normativa estatal la regulación de las subvenciones y ayudas de la Administración autonómica en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo.

Con los cambios que introducirá el nuevo decreto ley se amplía en dos meses el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas directas a los municipios de menos de 20.000 habitantes incluidas en el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria y, además, se incluyen a 45 municipios andaluces más cuyas peticiones se recibieron fuera de tiempo.

Según ha explicado Valderas, el Gobierno andaluz ha elegido la fórmula del decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, ante el riesgo en este caso "justificado" de que quedasen sin cubrir demandas alimentarias básicas de escolares y personas mayores en situación de exclusión social.

Asimismo, se garantiza que no se pierdan los fondos destinados a los municipios afectados, cuya cuantía global asciende a 108.139 euros y supone un 0,9 por ciento de la previsión total del Plan Extraordinario para toda Andalucía (11 millones).

Los 45 ayuntamientos que podrán volver a presentar sus solicitudes, con dos meses desde la entrada en vigor del decreto ley, corresponden mayoritariamente a la provincia de Málaga. De ellos, 26 son pequeños municipios que se han visto afectados por la tramitación fuera de plazo realizada por la Diputación (los organismos provinciales son los encargados de canalizar las peticiones de las localidades de menos de mil habitantes). Se trata de Alfarnatejo, Algatocín, Alpandeire, Árchez, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Canillas de Albaida, Carratraca, Cartajima, Cútar, El Borge, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Iznate, Jimena de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Parauta, Pujerra, Salares, Sedella y Totalán.

Los 19 municipios restantes, que tramitaron sus solicitudes sin mediación de las diputaciones, son Guadalcázar y Montalbán de Córdoba (Córdoba); Gójar, Gualchos, Huéneja, Otívar, Pedro Martínez y Santa Fe (Granada); Beas (Huelva); Benahavís, Casarabonela, Comares, Cuevas del Becerro, Manilva, Monda, Valle de Abdalajís y Viñuela (Málaga), y Badolatosa y Gilena (Sevilla).

El Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria se incluye en el decreto ley de medidas urgentes de inclusión social aprobado por el Gobierno andaluz el pasado 10 de junio con el fin de paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente las personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y las familias con todos sus miembros en paro.

El plan, que se canaliza a través de los ayuntamientos, diputaciones y organizaciones de voluntariado, garantiza este año el acceso a la alimentación a más de 20.000 escolares de toda la comunidad, que reciben tres comidas diarias en los colegios públicos de Infantil y Primaria. Asimismo, se benefician 3.500 personas mayores a través del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa y de fórmulas de 'catering' a domicilio.

PP-A PIDE TRAMITARLO COMO PROYECTO DE LEY

Durante el turno de intervenciones de los grupos, la parlamentaria del PP-A Eva María Martín Pérez ha pedido la tramitación de este decreto ley como "proyecto de ley para poder hacer aportaciones y enmiendas en aras de mejorarlo", ya que considera que las razones dadas por la Junta "no están justificadas". Sin embargo, esta petición ha sido rechazada por PSOE-A e IULV-CA.

Martín Pérez ha reprochado a Valderas que para el Gobierno andaluz "lo más urgente" sea reformar estos decretos con la intención, a su juicio, de instaurar unos "criterios más laxos para otorgar subvenciones".

"¿Qué es lo que pretenden, empezar a dar subvenciones como rosquillas a Cuba, Venezuela o Bolivia donde están sus líderes políticos? Es lamentable que mientras niegan el pan y la sal a los ayuntamientos, destinen el dinero de todos los andaluces a políticos de allí", ha censurado la 'popular', que ha dicho que su partido dice sí a la cooperación internacional pero siempre que sea "sin trampas y con garantías, controles y con todas las de la ley".

Frente a ello, la diputada socialista Rosa Torres ha apoyado la convalidación de este decreto ley por estar justificado en las circunstancias de "urgencia y especial necesidad" que viven hoy día muchas de las personas que, "aún viviendo en países lejanos, también necesitan de nuestra ayuda".

Tras defender la cooperación internacional, por tanto, "como aquello que se comparte cuando hay mucho, cuando menos y cuando hay poco y no sólo cuando nos sobra" como defienden "las políticas de derecha" del "sálvese quien pueda", la socialista ha apelado a la "responsabilidad política" y ha recordado que el Gobierno de la presidenta Susana Díaz también ha venido tomando iniciativas y poniendo en marcha fórmulas para "reducir el impacto" de la crisis en las familias andaluzas con mayor riesgo de vulnerabilidad social.

Finalmente, el diputado de IULV-CA Juan Serrano ha defendido que la cooperación internacional requiere de un compromiso público "sostenido" por parte de las administraciones y ha puesto en valor que Andalucía haya mantenido estas políticas en momentos de crisis, lo que le ha permitido forjar una "fuerte alianza" con el sector de la cooperación.

En lo que se refiere a las ayudas del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, el diputado de IULV-CA ha reconocido que estas medidas "no van a solucionar el problema de fondo" que sufren las personas más desfavorecidas, aunque sí contribuirán a "paliar el impacto de la situación por la que están atravesando".

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