SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, destacó hoy el "claro compromiso" que el Gobierno andaluz viene manifestando hacia las personas con discapacidad, que se demuestra "en el hecho de que la política de Servicios y Prestaciones Sociales en el Presupuesto de la Junta para 2006 aumente un 11,9 por ciento".
Griñán compareció hoy en el Parlamento andaluz ante la Comisión de Discapacidad para informar acerca de los beneficios fiscales, contrataciones a empresas con trabajadores con discapacidad por parte de la Junta de Andalucía y demás ayudas presupuestarias en beneficio de éstas.
El responsable de Economía y Hacienda comenzó su intervención describiendo las medidas tributarias, como las reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o las reducciones fiscales contempladas a la hora de adquirir una vivienda y constituir préstamos hipotecarios efectuados por sujetos pasivos que tengan la consideración de persona con discapacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100.
El consejero señaló que también las medidas sociales en materia de contratación, la Ley establece que los órganos de contratación de la Administración de la Junta y de sus organismos autónomos incluirán, en los pliegos de cláusulas administrativas, una preferencia en la adjudicación de los contratos para aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, justifiquen tener en la plantilla de sus centros de trabajo radicados en Andalucía un número no inferior al dos por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.
Por otra parte se dispone que los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos deberán reservar un porcentaje de la adjudicación de contratos de suministros, consultoría y asistencia y de servicios a centros especiales de empleo y a entidades sin ánimo de lucro inscritas en los correspondientes registros oficiales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que la actividad de dichos centros y entidades tengan relación directa con el objeto del contrato.
Tales entidades deberán tener en su plantilla, al menos, un 25 por 100 de trabajadores contratados a tiempo completo con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.
También recordó que en el apartado de Fondos Europeos el Programa Operativo Integrado de Andalucía (2000-2006) para las intervenciones estructurales comunitarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecido al amparo del Marco Comunitario de Apoyo (2000-2006) para las regiones españolas del Objetivo 1 que marca la estrategia general para el conjunto de estas regiones, fija entre sus ejes prioritarios de intervención medidas específicamente destinadas a las personas con discapacidad.
Este eje pretende "apoyar la integración de las personas discapacitadas en el mercado laboral y proponer oportunidades de inserción a colectivos en situación o en riesgo de exclusión del mercado de trabajo".
Por otro lado, el consejero señaló que el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía suscrito por la Junta de Andalucía y los agentes sociales y económicos más representativos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge medidas destinadas también a los discapacitados.
