SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley presentada por IULV-CA y que ha contado con el apoyo del PSOE-A y el voto en contra del PP-A, en la que se pide que la Junta, a través de su gabinete jurídico, a dar traslado al Tribunal Constitucional (TC) de la información obrante en su poder, acreditativa de que la Abogacía del Estado ha presentado ante el Tribunal Constitucional un informe elaborado por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con "datos falsos" en el procedimiento de inconstitucionalidad de la ley andaluza sobre la función social de la vivienda, recurrida por el Gobierno.
El Parlamento también requiere a la Junta la remisión de la documentación citada, al objeto de que los servicios jurídicos de la Cámara, que en su día alegaron contra el recurso, la aporten al TC para que oficialmente tome conocimiento también por esta vía de la "falsedad" de los datos, a los efectos oportunos en cuanto a la posible retirada de la suspensión cautelar y en cuanto a la sentencia que sobre el fondo del asunto se dicte en el futuro.
En defensa de la iniciativa, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha asegurado que estos datos "falsos" aportados por el Gobierno al TC han servido para fortalecer su posición contraria a la ley y que, razonablemente, cabe pensar que, sin ellos, "el TC no solo tiene mejores elementos de juicio con los que pronunciarse sobre el fondo del asunto, sino que también pudo haber adoptado otra decisión sobre la suspensión cautelar".
Asimismo, ha destacado que, como ya explicaran los servicios jurídicos del Parlamento en sus alegaciones contra la suspensión de la ley, la Sareb es una sociedad anónima en cuyo capital participan mayoritariamente entidades privadas, "cuya misión consiste en gestionar y vender los activos recibidos tratando de obtener el máximo valor por ellos".
"Por tanto, el incluido en el recurso del Gobierno es un informe de parte con el que se pretendía defender los intereses de accionistas e inversores privados", afirma Nieto, quien advierte de que la suspensión de la ley vino únicamente a garantizar los márgenes de ganancia de los accionistas e inversores de la Sareb.
PP-A DENUNCIA DOS "GRANDES MENTIRAS" DEL BIPARTITO
Por su parte, la diputada del PP-A Alicia Martínez negado este extremo y ha rechazado la propuesta de IULV-CA asegurando que se "sustenta en dos grandes mentiras", una de ellas, la de que el Gobierno haya fundamentado su recurso ante el TC en un "baile de cifras". "El recurso se interpone porque se quiere garantizar el cumplimiento de la Constitución Española, porque una comunidad no puede limitar el derecho de propiedad y porque la Junta establece sanciones incluso aunque las hayan puesto (las VPO) en alquiler y no hayan encontrado inquilinos".
La otra "gran mentira" de los partidos que conforman el Gobierno andaluz, según ha advertido la 'popular', es la de que "esta suspensión cautelar de la ley les impide evitar los desahucios" en Andalucía. "Llevan dos años cruzados de brazos y es lamentable que manipulen con este problema", les ha reprochado tras afearles su "cinismo" y "bajeza moral".
Frente a ello, ha defendido las medidas en esta materia del Gobierno de la Nación, "el primero que ha paralizado por ley los deshaucios de las familias más vulnerables" y que ya ha anunciado que las va a prorrogar durante un año más, y ha instado a la Junta a que promueva viviendas en alquiler y apruebe ya el Plan Marco de Vivienda.
Finalmente, el diputado del PSOE Enrique Javier Benítez ha criticado el "fracaso" del Gobierno de Mariano Rajoy en la lucha contra los desahucios y en la lucha contra la crisis y que, además, éste haga "trampas" con un informe de la Sareb para "evitar que Andalucía marque su propia línea en la lucha contra los desahucios, con una ley que ayuda a la gente".
Según ha censurado el socialista que la Sareb comunicara al Gobierno de la Nación, cuando éste se lo requirió, que la estimación del número de viviendas de protección oficial que tenía en Andalucía se situaba en 911, mientras que cuando la Junta preguntó sobre la misma cuestión le contestó que 98, "un organismo que perdió 261 millones en 2013 y que este año va camino de perder la misma cifra".
