SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María José López, defendió hoy que en la Administración General de la Junta de Andalucía se ha cumplido el objetivo inicial de que, al menos, el dos por ciento de los puestos de trabajo sea ocupado por personas con discapacidad, tal y como expresa el informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz sobre discapacitados y acceso al empleo de las administraciones públicas.
López destacó en comisión parlamentaria que "desde la Consejería de Justicia y Administración Pública estamos cumpliendo nuestros objetivos y estamos contribuyendo a construir un presente y un futuro mejor para las personas con discapacidad en Andalucía".
En este sentido, la consejera anunció que su departamento ha elaborado un proyecto de decreto que regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la función pública de la Administración General de la Junta. Actualmente dicho proyecto se encuentra en fase de tramitación muy avanzada, pendiente del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
Las medidas del proyecto incluyen el establecimiento del cupo del cinco por ciento de reserva para personas con discapacidad en el ámbito de la promoción interna del personal funcionario, además de la que ya se venía aplicando en la promoción del personal laboral; el establecimiento del cupo del cinco por ciento de reserva para personas con discapacidad en el ámbito de las bolsas de aspirantes al nombramiento de personal interino; y el establecimiento del mismo cupo de reserva para personas con discapacidad en el ámbito de las bolsas de trabajo del personal laboral.
La consejera recordó a los grupos que, en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía, ya se encuentra vigente el cupo de reserva para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, con un cinco por ciento mínimo reservado al acceso a la función pública de personas con discapacidad, porcentaje que ya se aplicó en los decretos de aprobación de las ofertas de empleo público de la Junta de 2003 y 2005, de tal manera que la nueva regulación se pueda aplicar a la oferta de empleo público correspondiente al año 2006.
En el mismo proyecto se regula, como novedad, según se informó, el acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual, incorporando igualmente las recomendaciones del informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento, sobre Discapacitados y Acceso al empleo de las Administraciones Públicas.
El objetivo, según López, es "hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual y de evitar o suprimir cualquier forma de discriminación negativa por motivos de discapacidad en el acceso a la función pública de la Administración General de la Junta".
Se prevé que la reserva mínima del cinco por ciento de las plazas pueda desglosarse, siempre que la oferta de empleo público lo permita, con un mínimo del cuatro por ciento de las mismas para ser cubiertas por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica que no tenga origen en retraso mental leve o moderado; y un mínimo del uno por ciento de las plazas vacantes para personas con discapacidad que tenga origen en retraso mental leve o moderado.
La Consejería, según concluyó López, suscribió un convenio de colaboración con la Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las personas con retraso mental, fruto del cuál se han realizado 113 contratos temporales de fomento de empleo en el ámbito del personal laboral. La medida ha sido satisfactoria, dijo, tanto en la integración laboral de dicho colectivo como en el rendimiento profesional que los interesados han demostrado.
