SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, una proposición no de Ley del PP-A sobre medidas de transparencia en la administración autonómica, entre ellas la publicación de un "mapa integral del sector público que ofrezca una imagen fiel y estructurada de su tamaño real" y la prohibición de establecer "contratos blindados de alta dirección".
En la iniciativa rechazada se pedía también que el Gobierno andaluz publicara "con carácter inmediato" las retribuciones dinerarias y en especie percibidas anualmente por los altos cargos y asimilados y el número de su personal de confianza y/o asesoramiento especial y que reforzara y mejorara el régimen de incompatibilidades y obligaciones de los diputados en relación a sus declaraciones de IRPF y a la relación de sus "familiares directos con la Administración Pública y Cajas de Ahorro y sus fundaciones".
También se exigía que se hiciera "de inmediato efectiva la obligación de los altos cargos de informar sobre las relaciones contractuales de sus familiares directos con la Administración Autonómica", que se eliminara "la opacidad de los gastos en los que incurren los altos cargos y el personal directivo" del sector público empresarial y que se actualizara "con rigor el Inventario de Entes Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía", publicando el referido 'mapa integral' del sector.
En defensa de la iniciativa, el portavoz del PP-A, Carlos Rojas, ha señalado que para el Gobierno andaluz esta materia "no ha sido una prioridad" y, "lejos de facilitar el control y la evaluación sobre la gestión pública", ha dificultado el acceso a la información de la Junta "negándola o no presentándola de forma clara y veraz". "En la Junta hay muy poca transparencia y se han propiciado prácticas indeseables y la corrupción", ha apuntado Rojas, quien ha reclamado la misma transparencia que está impulsando el Gobierno de Mariano Rajoy.
"La opacidad respecto de la contratación de personal de confianza, del sistema de retribuciones y de ciertos privilegios de altos cargos y asimilados del conjunto del sector público andaluz, de aspectos relacionados con la gestión presupuestaria, las finanzas públicas y el destino de las ayudas y subvenciones es una constante en la llamada administración paralela", ha advertido Rojas, quien ha defendido el derecho de los ciudadanos a saber qué se hace con su dinero y no vuelvan a ocurrir casos como el de los ERE.
Por su parte, el diputado del PSOE-A Manuel Jiménez Barrios ha puesto de manifiesto el compromiso del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, con la elaboración de una ley de transparencia democrática en Andalucía y ha pedido un debate sosegado al respecto, con la participación no solo de los partidos, sino también de los ciudadanos. Ha garantizado que esa ley recogerá muchos más de los planteamientos que hace el PP-A.
Ha indicado que el PP bien podría aplicarse la misma medicina que reclama para los demás y ha puesto de manifiesto que el índice de transparencia de las comunidades españolas elaborado por la Agencia de Transparencia Internacional sitúa a Andalucía en la primera posición. Ha indicado que los ciudadanos están pidiendo a gritos profundizar en la transparencia y en calidad de la democracia en este país.
La diputada de IULV-CA Alba Doblas ha manifestado que, tras oír a expertos y ciudadanía, la ley de transparencia que está elaborando el Gobierno de Mariano Rajoy no satisface a nadie y no va a suponer ninguna mejora democrática. Ha criticado las acusaciones que el PP-A lanza alegremente contra la Junta, cuando en las comunidades donde gobiernan los populares no se hace nada de lo que aquí reclama.
Ha indicado que la ley de transparencia andaluza tiene que ser participada y debe contemplar las demandas de los ciudadanos, al tiempo que tiene que venir de la mano de la ansiada ley de participación ciudadana. A su juicio, el PP-A solo sabe aparentar y le ha reprochado que censure los trabajos de la comisión de investigación de los ERE.
