SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
Después de que el Parlamento Europeo debatiese en su Comisión de Peticiones los efectos medioambientales de la construcción de la nueva biblioteca de la Universidad de Sevilla en los jardines del Prado de San Sebastián, donde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha paralizado las obras, la Plataforma de Parques y Jardines de Sevilla ha acordado intentar elevar a la Eurocámara la "política de deforestación" del Gobierno municipal que lidera Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).
Rafael Sanmartín Ledesma, uno de los miembros de este colectivo, explicó a Europa Press que la plataforma se reunió la noche del pasado miércoles en asamblea para analizar el debate celebrado en la Eurocámara en cuanto a la pérdida de masa forestal por el proyecto promovido por la Hispalense, para construir su nueva biblioteca central en el frente oriental de los Jardines del Prado de San Sebastián. Las obras, como se recordará, fueron paralizadas por el TSJA tras la anulación de los aspectos del planeamiento urbano relativos a esta iniciativa.
Mientras el asunto de la biblioteca sigue aún abierto en la Cámara Comunitaria, Rafael Rafael Sanmartín Ledesma informó de que este colectivo ciudadano ha acordado aprovechar este precedente para "volver al Parlamento Europeo" en 2010, pero esta vez para que alguna de sus comisiones debata la "política de deforestación" que la plataforma atribuye a Alfredo Sánchez Monteseirín. Sanmartín explicó que, desde su perspectiva, la ausencia de respeto hacia el medio ambiente ha marcado la gestión del actual Gobierno municipal, aspecto que podría "prosperar" a la hora de ser debatido en una instancia comunitaria.
La Sección Segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó el pasado mes de julio la ejecución provisional de la sentencia que anulaba las "determinaciones" del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla relativas a la calificación del frente oriental de los jardines del Prado de San Sebastián como equipamiento de uso educativo, ordenando, pues, la "paralización inmediata" de las obras impulsadas por la Universidad Hispalense al amparo de tales aspectos.
La sentencia, sometida a varios recursos de casación ante el Tribunal Supremo, derivaba del recurso contencioso administrativo formulado por la comunidad de propietarios del número nueve de la calle Diego de Riaño contra esta calificación urbanística, que amparaba la construcción de la nueva biblioteca central de la Universidad de Sevilla en un parque público.
