SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Urbanismo y Vivienda del PP-A en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, consideró que la Ley de Derecho a la Vivienda es una "ley-trampa" que "no garantiza" ese derecho y que "no está a la altura del Estatuto".
En declaraciones a Europa Press, Martínez aseguró que el PP votó a favor del Estatuto "y somos los primeros interesados en que el Estatuto se desarrolle a través de leyes dignas para todos los andaluces, con las máximas garantías de igualdad y transparencia, algo que la Junta no ha hecho".
Para el PP, el proyecto de Ley de Vivienda planteado por la Junta "no está a la altura del Estatuto y no garantiza en ningún caso el derecho a la vivienda".
"Vamos a trabajar hasta el último momento para que ese derecho quede garantizado en la Ley que salga del Parlamento, pero el PSOE ha equivocado el camino y ha dicho a los andaluces que reclamen el derecho a la vivienda en la puerta equivocada, los ayuntamientos, pues creemos que la Junta tiene que asumir su compromiso con los andaluces, recogido en el Estatuto", aseveró Martínez, quien va a reclamar que "sea la Junta quien garantice ese derecho, ésa es la única forma de que se garantice y se cumpla la norma".
Para la dirigente popular, el PSOE "ha hecho una ley-trampa y ley-propaganda y además no ha contado con el consenso ni la participación de los ayuntamientos", de manera que, según refirió, desde distintos organismos se han hecho sugerencias en ese sentido "peor la Junta ha decidido unilateralmente su camino".
Por ello, el PP-A "va a trabajar para que en el Parlamento andaluz salga adelante una ley de consenso, en cuyo caso tendrá todo nuestro apoyo para que se garantice el derecho recogido en el Estatuto".
Por ello, espera que se elabore un texto "que reúna todas las cuestiones de vivienda, pues la actual norma se ha limitado mucho a VPO, pero excluye vivienda social y no profundiza en la estrategia de vivienda sostenible ni en la calidad de vivienda".
Asimismo, recordó que la Junta dijo que la Ley de Vivienda "se prometió en 2007 y que el derecho a la vivienda estaría garantizado en los presupuestos en 2008 y no ha sido así, va con dos años de retraso y es una ley-propaganda a la que le queda mucho camino en el trámite parlamentario, donde se deben hacer muchas aportaciones por parte de los grupos políticos y agentes sociales, para lograr una ley que dé respuesta al Estatuto".
"La Junta no ha hecho su trabajo de reunir aportaciones y pese a que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha hecho sugerencias en materia de competencias y apuntó que esta ley no viene con dotación económica suficiente, estamos seguros de que en el trámite parlamentario los alcaldes van a reclamar la responsabilidad de la Junta de Andalucía y los instrumentos necesarios", añadió.
Para la dirigente popular, "hoy por hoy hay instrumentos suficientes pero la Junta no ejecuta los planes de vivienda y pretende trasladar el fracaso de su gestión a los ayuntamientos y sus planes municipales, cuando lo que debe hacer es una gestión eficaz".
