SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La parlamentaria autonómica del PP de Sevilla Alicia Martínez ha advertido este miércoles de que la decisión del juzgado de Instrucción número tres, de procesar a 13 de las personas imputadas por la presunta usurpación de las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', refuerza la tesis de que los realojos provisionales promovidos por la Consejería de Fomento y Vivienda sobre este colectivo de personas fueron "irregulares" e "injustos".
En rueda de prensa, Alicia Martínez ha señalado la citada decisión de la juez titular del juzgado de Instrucción número tres, porque al transformar en procedimiento abreviado las diligencias previas incoadas contra estas 13 personas, entre ellas las líderes del colectivo, la juez "dice que van a ser juzgadas" por un presunto delito de usurpación "las mismas personas" beneficiarias de los realojos provisionales promovidos por el departamento autonómico de Elena Cortés (IU-CA), "saltándose la normativa del Ayuntamiento y por encima de 300 personas ya baremadas", en referencia al baremo social usado por el Ayuntamiento para la adjudicación de sus viviendas sociales.
Este extremo, a su juicio, refuerza la idea de que "el realojo ha sido irregular, injusto y saltándose la legalidad", por lo que reclama la "comparecencia" pública de Elena Cortés, para que ofrezca "todas las explicaciones". "Este asunto tiene recorrido en los juzgados y recorrido político. Exigiremos responsabilidades", ha enfatizado Alicia Martínez acusando a IU-CA de "liderar" en la sombra el movimiento de ocupación de la Corrala Utopía, toda vez que según dice, en el colectivo figuraban personas que "manipulaban" al resto e incluso personas que "no tenían necesidad" de estar ocupando una vivienda.
LA CORRALA UTOPÍA
El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', fue consumado el pasado mes de abril tras casi dos años en los que este grupo de personas, bautizado como la Corrala Utopía, protagonizó numerosas movilizaciones y negociaciones con la propiedad de las viviendas y las instituciones. Estas actuaciones corrieron paralelas a la causa judicial incoada por el juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, como consecuencia de las acciones legales emprendidas por 'Ibercaja', propietaria de las viviendas a través de la sociedad 'Residencial Murillo'.
De dichas acciones judiciales, de hecho, derivaron los autos del juzgado relativos al desalojo forzoso de las viviendas, toda vez que la juez, según ha informado a Europa Press la abogada Anabel Segado, que representa a buena parte de los miembros del colectivo, ha resuelto transformar en "procedimiento abreviado" las diligencias previas seguidas desde 2013 contra 13 de los miembros de este colectivo imputados por la usurpación de las viviendas.
El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.
Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.
EVALUACIONES SOCIALES
Tras concluir las nuevas evaluaciones sociales, el Ayuntamiento hispalense había remitido las mismas a la Administración andaluza con una carta dando cuenta de esta labor sobre "15 de las 17 familias solicitadas, con independencia de que hayan sido desalojadas o no".
El Ayuntamiento, en ese sentido, esgrimía su baremo social, aprobado por su propia junta local de gobierno en 2013, señalando que del conjunto de familias, sólo dos de ellas figuran en la lista de familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales, toda vez que el resto de familias no habría mostrado siquiera "deseo" de figurar en el "proceso de intervención social" asociado al baremo municipal.
Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encuentran en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual según la Junta ya justifica "plenamente" su realojo provisional; y siete atraviesan una situación "deficitaria o de exclusión social", con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.
