SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Justicia del PP-A, Carlos Rojas, afirmó hoy que la Consejería del ramo se ha caracterizado en sus dos años de legislatura por el "caos interno y externo" y por "ser un ejemplo de la mala gestión como administración".
En rueda de prensa en Sevilla, Rojas señaló que el principal ejemplo de esta afirmación es que en tan sólo dos años, "llevamos tres viceconsejeros en materia de Justicia", lo que, a su juicio, "da una muestra clara del caos interno que existe en este departamento sin que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, dé la cara y ponga orden en un conflicto generalizado y permanente con todos los sectores y operadores jurídicos".
Asimismo, el portavoz popular destacó que esta afirmación no viene sólo de su partido sino que es secundada por el presidente de los secretarios judiciales, los miembros de las asociaciones de jueces, los miembros de los colegios de abogados y los funcionarios de justicia, casi unánimemente.
En este sentido, Rojas manifestó que la Consejería de Justicia "ha dado un giro hacia lo exclusivamente político y ha olvidado su tarea institucional de ejercer de servicio público para los ciudadanos".
Además, señaló que la Consejería se ha caracterizado por crear empleo de libre designación, algo que, según comentó, "tiene que ser censurable desde el punto de vista de la democracia interna que tienen que tener las instituciones".
"CAOS EN LAS OPOSICIONES"
A este respecto, dijo también que la oferta de empleo público de Justicia "ha sido un auténtico caos, ya que hay andaluces que se están presentando a las oposiciones de 2005 sin saber si aprobaron las del 2003".
Por otro lado, Rojas criticó que se hayan gastado más de 14 millones de euros en alquiler de edificios judiciales "cuando el plan de infraestructuras de la Junta de Andalucía para la creación de edificios de nueva planta debería estar ya terminado".
Asimismo, incidió en el "varapalo" sufrido por la Junta de Andalucía por parte del Tribunal Constitucional al dictar que los 20 millones de euros que originaban los depósitos judiciales debían ser administrados por el Estado, "algo que fue una fuente de confrontación con el Gobierno de Aznar", ya que la Junta pretendía administrar estos fondos.
Finalmente, Rojas destacó que Justicia "debe hacer una política de más consenso, organizar la oficina judicial que lleva muchísimo retraso, y hacer cumplir la carta de los derechos de los andaluces ante la justicia, aprobada en el Congreso y en el Parlamento Andaluz.
