SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PP-A reclamará al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que adopte las medidas necesarias para llevar a efecto el cumplimiento íntegro de las sentencias judiciales que declaran la nulidad de despidos de los Agentes Locales de Promoción y Empleo (ALPE) y solucione "el grave perjuicio económico" que está ocasionando la demora en la ejecución de dichos fallos judiciales.
Será el próximo jueves en el Pleno del Parlamento, cuando los 'populares' defenderán una proposición no de ley en la que recuerdan que en los últimos seis meses se han ido sucediendo más de una docena de "varapalos" judiciales del Tribunal Supremo (TS) en relación con los despidos colectivos de la totalidad de la plantilla de los ya extinguidos Consorcios Utedlt.
Además, el PP-A señala que dichas sentencias declaran la nulidad de tales despidos y aprecian "la concurrencia de fraude de ley y desviación de poder por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, concluyendo que el único fin pretendido era el de eludir la aplicación de la Ley de reordenación del sector público de Andalucía".
"El Gobierno socialista andaluz aprobaba la pasada legislatura una polémica y muy cuestionada ley, para posteriormente soslayar la obligación asumida en la misma de integración del personal de los Consorcios Utedlt de Andalucía, los agentes locales de promoción y empleo, en el Servicio Andaluz de Empleo, un claro ejemplo de incumplimiento y de aplicación discrecional e interesada de las normas promovidas por el propio Ejecutivo", censuran los 'populares'.
Por eso, valoran que, pese a que "de manera torticera el Ejecutivo andaluz se ampara en los ajustes del Gobierno de la Nación para intentar vanamente justificar estas discrecionales rescisiones de contratos", la justicia haya venido a condenar su "injustificada y arbitraria actuación por vulnerar la citada normativa autonómica, apreciando una palmaria desviación de poder".
IMPRODUCTIVO E INJUSTIFICADO COSTE
Por otra parte, el PP-A advierte de que el "retraso" en el cumplimiento y ejecución de esos fallos judiciales se traduce "en un elevado, improductivo e injustificado coste para las maltrechas arcas públicas (unos 70.000 euros al día, casi 25 millones de euros al año), pues la declaración de nulidad de los despidos implica necesariamente la obligación de abonar al personal ALPE los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido de un colectivo que se eleva a cerca de 800 personas".
También recuerda el Grupo Popular que, desde el mes de marzo de 2014, fecha en la que se notifica las primeras sentencias del TS, el colectivo de los ALPE despedidos ha intentado "de manera infructuosa obtener una respuesta del Gobierno andaluz, que se niega a readmitirlos en sus puestos de trabajo, y recurre a medidas dilatorias con la presentación de recursos judiciales contra todas las sentencias que declaran nulos los despidos".
