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Pide a Díaz que "dé marcha atrás, apueste por la ley de dependencia y no condene a los dependientes a no recibir una asistencia digna"
SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La vicesecretaria de Política Social e Igualdad del Partido Popular andaluz, Ana Vanesa García, ha advertido este domingo de que la nueva orden por la que la Junta de Andalucía regula la concertación de las plazas de mayores "aboca a las residencias y centros de día a la privatización, con un recorte de hasta 180 millones de euros en su financiación", un cambio de criterio que "también tendrá sus consecuencias en el empleo, fundamentalmente femenino, ya que va a suponer el despido de más de 1.500 trabajadores de estas residencias", añade.
En rueda de prensa, García ha explicado que la nueva orden recorta en más del 90 por ciento la aportación de la Junta de Andalucía a las residencias andaluzas, ya que sólo pagará el 60 por ciento del coste de las plazas desocupadas durante un mes al año pero podrá disponer de ellas cuando lo decida. En la práctica, ha señalado, "significa que las residencias no podrán disponer de las plazas vacías pero tampoco recibirán dinero de la Junta por su reserva".
Señala que se abre una vía para que las residencias puedan ocupar temporalmente esas plazas reservadas de manera privada, pero, precisa, "cuando la Junta decida ocuparla, la residencia habrá de desocuparla", lo que "es inviable". "Pero es que, además, cuántos abuelos andaluces pueden pagar 1.500 euros al mes por una plaza residencial privada", se pregunta García.
"El escándalo de esta orden y del funcionamiento de las plazas residenciales concertadas no es solo que la Junta deje de pagarlas y, por tanto, condene a las residencias al cierre o a la privatización, sino la barbaridad que supone que todas las plazas andaluzas, que son 18.000 en residencias, estén desocupadas", lamenta García, quien critica que, "con la necesidad de plazas que hay en Andalucía, exista más del 30 por ciento de plazas vacantes y que no se cubran porque el Gobierno andaluz tiene paralizado a día de hoy más de 50.000 expedientes de la ley de dependencia".
Del mismo modo, García subraya que la publicación de la orden ha coincidido con la celebración del Día Internacional de la Mujer, en el que tanto la presidenta, Susana Díaz, como la consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, "se han dado golpes de pecho hablando de igualdad y del empleo femenino, mientras que esta orden pone la puntilla al empleo femenino y muy en concreto al empleo rural femenino", porque "es en las zonas rurales donde más vacantes existen", y "donde las residencias son uno de los focos de mayor creación de empleo para la mujer".
Así, insiste en que después de esta orden, la presidenta "no está autorizada para hablar de igualdad y de empleo femenino", toda vez que afirma que si Díaz "quiere fomentar el empleo debe apostar al cien por cien por la ley de dependencia, el mejor plan de empleo para la mujer que puede crear la presidenta", a la que insta a que "deje ya de crear planes de empleo, que lo único que hace es cambiarle nombres a planes anteriores y que, además, están enfocados a la construcción y por lo tanto al sector masculino".
EXIGE A LA JUNTA QUE "LIQUIDE" LA DEUDA CON EL SECTOR
Por último, ha criticado que esta orden haya salido a la luz "sin el consenso" de ayuntamientos, diputaciones y el sector, con el que además "tiene una deuda", ya que desde noviembre "no cobran plazas concertadas". Así, exige al Ejecutivo andaluz a que "liquide" esa deuda, porque "no puede ser el yo invito y que paguen los demás, que es lo que practica la Junta".
Por tanto, "pedimos a Susana Díaz y a Sánchez Rubio que recapaciten, apuesten de verdad por la ley de dependencia, den marcha atrás a esta orden y no condenen a los dependientes andaluces a quedarse en su casa y a no poder disponer de una asistencia digna, que es lo que se merecen".
