SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El PP-A defenderá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de Ley en la que pide a la Junta que demande al Gobierno central que apruebe, a la mayor brevedad posible, un plan de protección integral de las víctimas especialmente vulnerables, que contenga medidas, como elevar de forma ejemplar las penas que deben sufrir los infractores de los delitos graves (delitos contra la vida, la integridad física y la libertad sexual), cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación. Dicho agravamiento, según el PP, debe incluir tanto la pena principal como las accesorias.
En la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, los populares demandan la modificación de todos aquellos preceptos del Código Penal atinentes al cumplimiento íntegro de las penas, de tal forma que los condenados por los delitos graves (delitos contra la vida, la integridad física y la libertad sexual), cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, "cumplan íntegramente las condenas que se les haya impuesto".
De igual manera, entiende que se debe introducir en el artículo 22 del Código Penal, como circunstancia general agravante de la responsabilidad criminal, la edad y la condición psíquica de la víctima.
En el ámbito penitenciario, el PP aboga por revisar con carácter general el sistema de concesión de grados y otros beneficios penitenciarios en el cumplimiento de las condenas por la comisión de los delitos descritos en los apartados anteriores.
En cuanto al ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los populares demandan reforzar y reorganizar por todo el territorio nacional, en el seno de la Policía y la Guardia Civil, los grupos de lucha contra el "cibercrimen", así como reforzar con más medios materiales y personales todos los grupos especializados de protección al menor, aumentando la vigilancia policial en los entornos de menores.
En el ámbito de la prevención del delito, quiere que se cree un centro de protección de menores on line, para que los menores puedan remitir aquellos correos o mensajes que les resulten sospechosos de tal forma que puedan denunciar automáticamente de forma inmediata y sencilla, y que se desarrollen campañas de formación con el fin de advertir a los menores, educadores y padres de los riesgos de la "ciberdelincuencia".
Según el PP-A, el Estado tiene el deber de proteger de forma eficaz a los ciudadanos contra las agresiones de la delincuencia, una tutela que exige aún más una respuesta de mayor contundencia y agilidad cuando quienes sufren los ataques son menores de edad, personas que sufren algún tipo de enfermedad o menoscabo mental o personas mayores, o cuando se trata de atentados terroristas, entre otros casos.
CASOS DE MARI LUZ Y MARTA
Tras recordar el caso de la pequeña Mari Luz, el PP indica que hoy día la sociedad española, y más aún la andaluza, se encuentra conmovida por otro acontecimiento fatal, como ha sido la terrible desaparición de la joven Marta del Castillo. Junto a ello, se ha abierto un amplio debate social en relación a la posibilidad de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la cadena perpetua, revisable en el tiempo, a semejanza de lo establecido en países de nuestro entorno.
El PP-A, que se solidariza con las víctimas de estos delitos, insiste en la necesidad de que ciertos reos han de cumplir íntegramente sus penas y en que no se puede renunciar a la apertura de un debate social sobre la cadena perpetua.
En relación con los menores, estima que hay que tener en cuenta el importante papel que internet juega en sus vidas, ya que las nuevas tecnologías han posibilitado en los últimos años el nacimiento de las llamadas "redes sociales", unas aplicaciones on line que permiten a los usuarios generar un perfil con una gran variedad de datos identificativos, y compartirlo con otras personas, haciendo pública esta información a todo el mundo.
"A pesar de las indudables ventajas de estas redes sociales, es necesario garantizar que estos mecanismos no sean un instrumento para la actividad delictiva, poniendo en peligro la vida o la seguridad de los menores, especialmente influenciables ante este tipo de medios de comunicación social", señala el PP.
