SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP, que ejerce la acusación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha recurrido para que la juez Mercedes Alaya acuerde ampliar la pericial encargada a la Intervención General de la Administración del Estado sobre si el IFA/IDEA "podía y puede ejercer potestades públicas administrativas, especialmente la subvencionadora o de fomento, teniendo en cuenta que todos sus empleados son personal laboral y ninguno de ellos funcionario público".
En su recurso, consultado por Europa Press, el PP asegura no ser ajeno a que las subvenciones analizadas "no eran concedidas por IFA/IDEA sino que lo eran por la Consejería de Empleo, y en determinados casos, incluso por el Consejo de Gobierno de la Junta", si bien "al no acceder a la pericial interesada, se está dejando en un limbo jurídico determinadas actuaciones de IFA/IDEA que deben ser calificadas como absolutamente nulas de pleno derecho en la presente instrucción".
De este modo, y mediante la ampliación de la pericial solicitada, "se evitarán las estrategias confusionistas de las defensas y se permitirá a las acusaciones llegar al juicio oral con un informe pericial completo, sin vacíos o espacios de duda".
Al hilo de ello, el PP asegura que la defensa de la exconsejera Magdalena Álvarez "va a mantener hasta la saciedad, junto con otras defensas amigas o colaboradoas, la legalidad de las transferencias de financiación como vehículo financiador del IFA/IDEA y que, gozando la agencia de potestad subvencionadora o de fomento, ninguna actividad ilegal, ni siquiera irregular, supone que la entidad instrumental, con las competencias y potestades atribuidas legal y reglamentariamente, abonase las subvenciones con cargo a las transferencias provenientes del programa 31L".
"Es ahí donde es verdaderamente relevante e imprescindible la prueba propuesta a fin de zanjar cualquier duda legal que pudiera surgir en el uso de los fondos remitidos a la agencia IFA/IDEA mediante transferencias de financiación", dice el PP, que rechaza que su petición sea "una curiosidad gratuita".
Además, añade, "no será tan improcedente la ampliación de la pericial cuando los peritos de la Intervención General del Estado dedican el apartado 7.4 de su informe a la competencia de IFA/IDEA para conceder subvenciones" y establece en sus conclusiones que "a tenor de su Ley de creación, IFA/IDEA no tuvo atribuida la facultad legal para conceder subvenciones sociolaborales hasta el 1 de enero de 2004, fecha en la que le fue otorgada la potestad subvencional por la Ley 18/2003 de 29 de diciembre".
Por ello, "y para el buen fin de la investigación", el PP pide a la juez que acuerde la ampliación de la pericial, "pues de lo contrario puede y debe entenderse que IFA/IDEA podría haber otorgado por sí misma las subvenciones sociolaborales a partir de 1 de enero de 2004, cuando lo cierto es que, si sólo es posible ejercer las potestades administrativas por personal funcionario, el IFA/IDEA no podría ejercerlas, aún teniéndolas legal o reglamentariamente, al ser todos sus empleados personal laboral, según sus propios estatutos".
Además, "de no aclararse tal circunstancia, podría interpretarse por las defensas y, sin duda, así lo argumentarán en el juicio oral, que todas las ayudas a empresas y sociolaborales que fueron refrendadas por los órganos rectores de IFA/IDEA, que no son pocas, pueden ser convalidadas conforme a lo previsto" en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Y es que, según sostiene el PP, "de no accederse a lo solicitado, se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, garantizado por la Constitución, que proclama el derecho a la satisfacción de la pretensión, que se producirá siempre que reciba una respuesta judicial motivada y fundada en Derecho", lo que "no sucede si es arbitraria o manifiestamente irrazonable, como en este caso hemos acreditado".
