SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario del PP-A defenderá en el Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que solicita a la Junta que adopte las medidas legales oportunas para que el profesorado andaluz sea considerado a todos los efectos autoridad pública.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A también pide que se lleve a cabo una campaña de apoyo a la figura del docente, resaltando la trascendencia e importancia social de la tarea que desempeña.
De esta forma, en la exposición de motivos de la proposición no de ley, el PP-A advierte de que las agresiones, insultos o amenazas, que "desgraciadamente se siguen produciendo en los centros educativos de Andalucía, provocan frustración y desasosiego en la comunidad educativa". "Buena parte de las agresiones recogidas se dirigen contra el profesorado, bien por parte de alumnos, bien por parte de familiares directos de los mismos", apunta el PP-A, que señala que estas agresiones inciden "negativamente en el ánimo del profesorado que se tiene que enfrentar al problema sin contar con el apoyo firme y decidido por parte de la Administración educativa".
"Cada vez que se produce una agresión a un docente, la Consejería anuncia medidas y acciones en defensa del agredido, sin embargo, pasados los hechos y remitida la alarma social que se crea en el centro educativo, las promesas se olvidan y es el docente agredido el que debe enfrentarse en solitario a los problemas morales, sicológicos y jurídicos que se derivan de la agresión", lamenta el PP-A, que subraya que los últimos casos de agresiones a docentes ponen de manifiesto la "indefensión del profesorado, y sobre todo demuestran que no se adoptan las medidas ejemplarizantes que adviertan a los posibles agresores de las consecuencias que pueden derivarse de unos actos tan deleznables".
En este contexto, el Grupo Parlamentario del PP-A defiende que "la sociedad, y especialmente los padres, madres, tutores o tutoras y alumnado, debe entender y aceptar que los docentes merecen su reconocimiento y su valoración". El PP-A considera "necesarioreforzar la autoridad real del profesorado, que contemple la presunción de veracidad de este colectivo y reconozca como atentado contra su autoridad pública cualquier amenaza, por ser el responsable y el garante del Derecho a la Educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española".
De esta forma, el PP-A concluye que "la consideración del profesor como autoridad pública podría ser una medida eficaz para defenderal profesorado de cualquier tipo de agresión, especialmentepor las consecuencias que pudieran derivarse de tal hecho".
