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SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El PP-A reclamará la próxima semana en el Pleno del Parlamento que la Junta adopten las medidas necesarias para la fiscalización externa de las ayudas de la Unión Europea a la formación y el empleo gestionadas por la administración andaluza.
Así se recoge en una de las 56 propuestas de resolución que el PP-A ha planteado en relación con el informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización de la cuenta general de la comunidad correspondiente al año 2012 y que será objetivo de debate en el Pleno del Parlamento de la próxima semana.
Entre las propuestas de resolución, a las que ha tenido acceso Europa Press, se plantea que el Parlamento inste a la Junta a cumplir rigurosamente la normativa en materia de pago de las operaciones comerciales que realiza, con la finalidad de abonar en tiempo y forma sus obligaciones con proveedores y prestatarios de servicios públicos, especialmente en los ámbitos de la sanidad, los servicios sociales y la educación, y rechace "la mala práctica de financiarse a costa de no pagar la deuda comercial a terceros".
El grupo popular también propone que se reclame al Ejecutivo que acometa de manera urgente una verdadera reestructuración del sector público autonómico andaluz, con el objetivo de lograr la efectiva reordenación, racionalización, modernización, simplificación y eficiencia del mismo, para contribuir de forma eficaz a la optimización del gasto y la sostenibilidad de las finanzas, eliminando "duplicidades y estructuras paralelas ineficientes, y reconduciendo la práctica de creación de una administración paralela, opaca y poco eficiente".
Según el PP-A, el informe de fiscalización ha señalado que no se ha cumplido con los objetivos previstos de reducción de entes.
También se insta al Ejecutivo a aumentar el nivel de cobro en relación a los importes atendidos por ejecuciones de avales, mediante el replanteo de los procedimientos de reclamación ante empresas cuyas operaciones de crédito devinieron impagadas, ejecutando cuantos derechos sean inherentes a la administración o a la agencia IDEA, compensando pagos a realizar con la empresa o haciendo uso de beneficios de excusión.
Según el PP-A, es "gravemente lesivo para los fondos públicos de nuestra comunidad que únicamente hayan sido recuperados en 2012 por la Agencia IDEA 620.000 euros de avales ejecutados, cifra que apenas supone el 4,7 por ciento de los avales ejecutados en el ejercicio" y es "intolerable" que el Gobierno andaluz haya realizado pagos en concepto de transferencias o relaciones comerciales durante el citado año con al menos siete empresas cuyos avales fueron ejecutados.
