SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRES) -
La vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del Partido Popular andaluz, Alicia Martínez, ha recordado este martes que es la "enésima vez que la Junta de Andalucía promete agilizar los trámites urbanísticos" en la comunidad sin que, hasta la fecha, se haya obtenido ningún resultado al respecto tal y como pone en evidencia, por ejemplo, que el tiempo medio que tarda una capital en poner en marcha un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) sea de "entre siete y diez años".
Así ha reaccionado Martínez, en declaraciones a Europa Press, al anuncio realizado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que el Gobierno andaluz ultima un nuevo decreto sobre las competencias que tiene esta Administración en ordenación del territorio con la intención de "facilitar a los ayuntamientos reducir los plazos de tramitación de los planeamientos urbanísticos".
Según la 'popular', la "realidad" de los municipios andaluces es "bien diferente" a la de la "promesa" de la Junta porque, pese a que en la pasada legislatura ya se aprobó una modificación de la Ley del Suelo "supuestamente" para agilizar dichos trámites urbanísticos y para crear un "órgano único que tramitase por los ayuntamientos los PGOU", lo cierto es que "en absoluto ha servido para eso y, hoy por hoy, siguen existiendo los mismos problemas" porque ese órgano "ni está constituido ni funciona".
Martínez ha señalado que ponerlo en marcha sería tan fácil como que la Consejería competente en Ordenación del Territorio "asumiera sus competencias y tramitara todos los informes sectoriales" que son necesarios para que un ayuntamiento consiga aprobar su PGOU. Y no que, según ha añadido, "todavía son los ayuntamientos los que tienen que recorrer en solitario las distintas consejerías y otros organismos de Andalucía y de España cuando existe un órgano único aprobado en esa Ley para que sea la Junta la que lo haga".
La vicesecretaria de Territorio también ha querido recordar a la presidenta de la Junta que "todos estos vaivenes normativos" están creando una "gran inseguridad jurídica" en torno a la urbanización que tampoco benefician al sector de la construcción que ahora la Administración autonómica pretende "impulsar".
En esa línea, ha criticado que Díaz se haya ido "nada más y nada menos que a la Costa del Sol a defender otro modelo territorial cuando el que tiene hoy es el resultado de 30 años de gobierno socialista, que es el que han permitido casos de corrupción urbanística a lo largo de toda la Costa del Sol y de toda la costa andaluza".
"Si realmente lo que quiere es establecer un nuevo modelo, lo primero que debe hacer es garantizar el diálogo con los ayuntamientos en un tema tan importante como es el Plan de Protección del Litoral, que ha sido un decretazo en toda regla que rompe con toda la normativa aprobada y un mazazo a la autonomía municipal poniendo en la ilegalidad muchos convenios urbanísticos firmados conforme a la ley vigente", ha concluido.
