20 de abril de 2019
  • Viernes, 19 de Abril
  • 6 de abril de 2014

    PP-A urge a la Junta a aprobar el nuevo decreto contra la exclusión social sin quitar créditos a otros planes infantiles

    SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

    El Partido Popular andaluz va a defender el próximo jueves en el Parlamento autonómico una moción en la que insta a la Junta a aprobar con carácter de urgencia el nuevo decreto de medidas urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía y a garantizar que las cantidades por la que se dota dicho plan no supongan una minoración de créditos en el resto de programas en materia de infancia.

    Será en la segunda sesión del Pleno de la Cámara andaluza, donde también pedirá que el Programa de Red de Solidaridad y Garantía Alimentaría incluido dentro del actual decreto de exclusión social se reciba en los ayuntamientos, para que sean las instituciones locales las que lo gestionen, destinándolos, según informes técnicos, a las familias en situación de exclusión social, priorizando aquellas que tengan hijos en edad escolar o menores de tres años, en lugar de hacerlo a través de centros escolares, ya que no todos cuentan con comedor escolar y no cubren a los niños menores de tres años.

    El pasado lunes, la diputada y portavoz parlamentaria del PP-A, Rosario Soto, ya hizo ambas peticiones en una rueda de prensa, donde acusó a la Junta de Andalucía de modificar "de forma irregular" la orden de 9 de noviembre de 2005 por la que se regula el funcionamiento de los centros de protección de menores de la comunidad utilizando un correo electrónico en lugar del Boletín Oficial de la Administración autonómica (BOJA) como sería preceptivo, por lo que advirtió de que estamos ante un "acto nulo de pleno derecho" que, además, ha provocado ya en lo que va de año el cierre de diez de las 256 casas de acogida que existen en la comunidad.

    Por ello, en esta moción el PP-A reclama a la Junta que dé cumplimiento a la normativa vigente y los centros de protección de menores de sigan regulados conforme a la citada orden. Con todo, pide que se actualice a la mayor brevedad posible la normativa para adecuarla a las necesidades de los menores que se encuentran en estos centros, así como a garantizarles una atención profesional de calidad que posibilite dar respuesta a sus necesidades y a cumplir las exigencias de la normativa laboral con sus trabajadores.

    En la misma línea, solicita una actualización de la relación de puestos de trabajo de los departamentos de centros de protección de menores con la intención de "adecuarla a su cometido y encargo institucional, así como al volumen de la red de centros existente en cada provincia andaluza, todo ello con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento y seguimiento de los centros".

    PETICIONES EN EL PLANO PRESUPUESTARIO

    De otro lado, en el terreno económico, el PP-A insta a la Junta a cumplir, particularmente, lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley de los Derechos y la Atención al Menor, en la que se establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía contemplará entre sus prioridades presupuestarias las actuaciones encaminadas a hacer efectivo el goce de sus derechos por parte de los menores en Andalucía.

    Además, quiere que en el próximo Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad para el año 2015, todas las transferencias corrientes destinadas a corporaciones locales, a familias e instituciones sin ánimo de lucro y a ayuntamientos para zonas de especial problemática social para ayudas económicas familiares, atención a menores en riesgo, e instituciones colaboradoras de menores incluidas, dentro del Programa de Atención a la Infancia, alcancen, al menos, las cantidades presupuestadas en el ejercicio 2012.

    En el plano laboral, pedirá al Consejo de Gobierno a aprobar un plan específico de empleo para los jóvenes provenientes del Sistema de Protección de la Infancia, "ya que estos se encuentran con enormes dificultades para acceder al mercado laboral". También que presente un nuevo proyecto de ley para la atención y protección de la infancia en Andalucía, ya que la existente, de 1998, ha quedado "obsoleta".