SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular quiere que la Junta de Andalucía ejecute la sentencia dictada hace 15 meses por el Tribunal Constitucional (TC) que estima el recurso promovido por el Gobierno de la Nación contra un apartado de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2002 que establecía que no será exigible el requisito de colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de Andalucía para ejercer sus funciones.
Así lo reclaman los diputados del Grupo Popular en el Parlamento andaluz Rafael Salas y Patricia del Pozo en una pregunta parlamentaria con ruego de respuesta por escrito dirigida al Consejo de Gobierno y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Salas y Del Pozo emplazan al Ejecutivo andaluz a aclarar "para cuándo tiene previsto ejecutar la sentencia del TC de 2013 por las que se declaró nula la normativa andaluza que posibilita la no colegiación de los profesionales que trabajan en el sistema sanitario público andaluz".
RECURSO PLANTEADO POR EL GOBIERNO DE AZNAR CONTRA UNA NORMA DE CHAVES
El TC acordó en enero de 2013 "estimar" el recurso presentado por el Ejecutivo presidido por José María Aznar en marzo de 2002 y declarar la "inconstitucionalidad y nulidad" de la disposición aprobada por la Junta para que no sea exigible el requisito de colegiación para dicho colectivo.
El Consejo de Ministros argumentaba que, "aunque estatutariamente ha asumido la competencia sobre Colegios Profesionales", la Comunidad Autónoma de Andalucía debe realizar su ejercicio "de conformidad con las prescripciones básicas que en esta materia establezca el Estado, de acuerdo con las competencias que le reserva la Constitución" en su artículo 149.1.
El Consejo de Ministros acordó la presentación del recurso destacando también que la exención de colegiación al personal de las Administraciones Públicas de Andalucía "entra en colisión con la legislación básica estatal", e incurre en un exceso competencial, con infracción del orden constitucional de distribución de competencias en la materia entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, según doctrina del propio TC.
