SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se ha manifestado este lunes "expectante" ante la futura y "muy importante" decisión del Tribunal Supremo (TS) después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, haya remitido una exposición razonada a este órgano, al que podría corresponder la competencia para la instrucción de la causa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares donde aparecen hasta nueve aforados: dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros.
En declaraciones a los periodistas con carácter previo a la celebración de la Comisión Mixta entre la Junta de Andalucía y el TSJA, Del Río no ha entrado en valoraciones sobre el trabajo y las últimas resoluciones de Alaya, si bien ha admitido que se encuentra "esperando" la decisión del Supremo.
Ello se debe, ha añadido, a que "va a determinar tanto el trabajo futuro de este juzgado como de otros órganos colegiados encargados de los aforados".
En la exposición, consultada por Europa Press, Alaya remarca que, lejos de producirse una reacción contraria al sistema implantado "por ausencia de procedimiento o por su arbitrariedad pero, sobre todo, por las consecuencias que podía generar el déficit producido", se produjo una reafirmación, "pues no solo el sistema se mantendría hasta el final de la década, sino que las cifras de déficit se mantendrían en ascenso y en las cotas más altas durante los años 2004 y 2005, descendiendo a partir de dicho ejercicio pero manteniéndose en cifras muy importantes".
La magistrada, que cifra en 855 millones de euros la "ilegal aplicación de fondos públicos", subraya que "indiciariamente" se realizaba el proceso de concesión de subvenciones a través de una partida presupuestaria "claramente inadecuada", en tanto que "legalmente así lo era", ya que numerosas órdenes y leyes emanadas del propio Parlamento andaluz "habían definido la estricta finalidad de las transferencias de financiación".
Habla así Alaya de "una auténtica subversión del ordenamiento jurídico", que hacía que las ayudas, en gran parte de los casos, terminaran --en lo que la jueza llega a calificar de "red clientelar" en algunos casos concretos-- en manos de personas y empresas que, "por un motivo u otro, estaban próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz, tejiéndose además un selecto círculo de influencias que pasaban por los sindicatos, agencias o mediadores de seguros y despachos de abogados, que propiciaban habitualmente la concesión de tales ayudas, obteniendo importantes beneficios económicos por su gestión".
