La limitación impuesta por el PRUG de contar con una finca de mínimo 50 hectáreas para construir, "aborta numerosos proyectos sostenibles"
SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de pequeños propietarios del Parque Natural de los Alcornocales estudian pedir de manera conjunta indemnizaciones y contrapartidas a la Junta de Andalucía que compensen las "limitaciones al desarrollo económico y laboral" en el espacio natural que impone el actual Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión que rigen el parque.
Según informaron a Europa Press fuentes del colectivo, en la actualidad, existen numerosos proyectos --tales como yeguadas, hoteles casas rurales o explotaciones ganaderas-- reconocidos por la propia Junta Rectora del Parque como "ejemplo de sostenibilidad y compromiso ambiental", cuya puesta en marcha es "imposible" por las "estrictas" medidas de protección que imponen en el parque los citados reglamentos.
Concretamente, estas medidas de protección recogidas en el PORN y el PRUG, modificados por la Junta de Andalucía en 2004, condicionan la posibilidad de construir o rehabilitar una edificación a que la finca en la que se inscribe tenga una superficie mínima. De este modo, para rehabilitar viviendas ligadas a una explotación el Plan Rector de Uso y Gestión establece que la finca debe de poseer una superficie mínima de 50 hectáreas --equivalente a unos 70 campos de fútbol--.
Para solicitar una indemnización por parte de la Consejería de Medio Ambiente, los propietarios se apoyan en el artículo 23 de la Ley 2/89, de 18 de julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que establece que "serán indemnizables las limitaciones singulares de derechos reales que supongan una lesión efectiva para sus titulares, por afectar a facultades en ejercicio cuyo contenido está permitido en suelo no urbanizable".
Según las mismas fuentes limitaciones de esta naturaleza "sólo se imponen en la provincia de Cádiz en el Parque Natural de los Alcornocales y en la Sierra de Grazalema, con la diferencia de que en este último el límite para desarrollar una iniciativa de este tipo se establece en seis hectáreas".
Asimismo, recordaron que ya el pasado otoño once alcaldes de los 17 cuyos términos municipales se inscriben en el Parque, concretamente, Alcalá de los Gazules --quien inició la demanda con una moción de censura que recibió el apoyo de todos los partidos políticos--, Medina Sidonia, Benalup, Arcos, Los Barrios, Jimena, Tarifa, San José del Valle, Benaocaz, Prado del Rey, El Bosque y Ubrique, pidieron a la Junta de Andalucía una "flexibilización" de la normativa que "suponga un desarrollo sostenible, una mayor integración del territorio y una mejor percepción por parte de los ciudadanos de sus municipios".
En su momento, la Consejería de Medio Ambiente contestó que se encontraba trabajando en la adaptación de las normas que rigen el Parque a su "nueva realidad socioeconómica con la idea de garantizar la continuidad de sus actividades tradicionales y seguir siendo motor de desarrollo sostenible", pero, tal y como apuntaron desde el colectivo "a día de hoy, no se ha movido ficha y dudamos de la intención de que se haga a pesar del clamor popular y del repetido discurso político de que hay que potenciar el desarrollo sostenible en época de crisis".
Estas limitaciones, aseguran, están provocando la emigración de los pequeños propietarios de los Alcornocales. Tal y como apuntaron, en 1979, sólo en Alcalá de los Gazules existían 129 fincas menores de 50 hectáreas, mientras que hoy, en todo el Parque Natural, según datos de la Consejería de Medio Ambiente, existen 195, lo que supone la "extinción del ranchero y del pequeño propietario a favor del latifundio, cuando el Parque es el resultado del trabajo de rancheros, carboneros, ganaderos en conjunción con la naturaleza".
Además, subrayaron que, de los datos que aporta la Administración ambiental se desprende que un 98,78 por ciento de la superficie del parque --168.000 hectáreas-- pertenece a fincas de más de 50 hectáreas --concretamente, de una media de 469-- cuyos propietarios "provienen de sectores que ajenos al forestal o agropecuario y han convertido al Parque en un inmenso coto de caza, que no genera riqueza ni empleo rural".
Por otro lado, rechazaron el argumento aportado por la Consejería de Medio Ambiente para justificar los criterios establecidos en el PRUG y que pasan por "combatir la presión existente por la construcción de viviendas no ligadas a la explotación de recursos primarios", ya que, afirmaron, existen actualmente en el espacio 3.800 edificaciones, lo que teniendo en cuenta la superficie del espacio, daría como resultado que hay una edificación cada 44 hectáreas, lo que, según los parámetros de la Comunidad Europea "se podría catalogar como zona despoblada".
CHAMIZO: "UN LASTRE"
Sobre este extremo se pronuncia el Defensor del Pueblo Andaluz, institución a la que el colectivo presentó una queja recientemente, advirtiendo de que los "agravios comparativos" que supone esta regulación en el Parque de los Alcornocales y pidiendo a la Administración un "esfuerzo" para explicar cuáles son las necesidades y particularidades que justifican el "importante sacrificio" que se impone a los ciudadanos.
Según apunta la institución, las administraciones públicas andaluzas "no están implicando debidamente a los sectores económicos en la conservación natural de nuestros espacios naturales, ni se está fomentando adecuadamente la riqueza económica que los mismos pueden suponer, ni se está apoyando suficientemente a la población afectada", lo que es visto por la ciudadanía como un "lastre".
Así, hace referencia a la Sentencia 102/1995 del Tribunal Constitucional que recoge que "es necesario compatibilizar y armonizar ambos, el desarrollo con el medio ambiente". La institución insiste en que la "protección de la naturaleza no es un fin en sí mismo, sino un medio necesario para mejorar la vida de los seres humanos en su entorno".
