SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A aprobó hoy en solitario la mitad de sus propuestas de lucha contra la crisis económica planteadas durante el debate general celebrado en el Parlamento andaluz sobre empleo y situación de la economía, mientras que no apoyó ninguna del PP-A y sólo salió adelante una de Izquierda Unida.
Los grupos presentaron un total de 90 propuestas de resolución, (PSOE, 30; PP, 35, y IULV-CA, 25) de las que fueron aprobadas todas las del PSOE, ninguna del grupo popular y sólo una de IU (sobre lucha contra el abandono escolar prematuro). IU apoyó once propuestas del PSOE y el PP, cinco.
Entre las propuestas planteadas por el PSOE-A se recogían los anuncios que hoy hizo el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante el debate general sobre diez medidas tributarias de estímulo a la inversión y progresividad fiscal, apoyando su aprobación por decreto-ley; doce proyectos vinculados a la futura Ley de Economía Sostenible, y otros tres específicos de inmediata aplicación en los ámbitos del empleo juvenil, el apoyo a la construcción y la apertura de nuevas vías de liquidez para las empresas.
El Parlamento andaluz consideró, en virtud de una propuesta del PSOE, que el diálogo social propiciado por el Gobierno de España con los agentes económicos y sociales es el marco indicado para acordar las medidas que sean precisas con el objetivo de favorecer la creación de empleo, reducir el desempleo e impulsar la confianza de los agentes económicos y sociales en las posibilidades de un patrón de crecimiento más sostenible.
Asimismo, expresó que todas las administraciones públicas deben contribuir al cumplimiento del Plan de recorte del gasto de 50.000 millones para reducir el déficit público hasta el 3 por ciento del PIB en 2013.
De igual manera, instó a la Junta a poner en marcha una nueva convocatoria para el año 2010 que dé continuidad a las acciones de adquisición de experiencia laboral del Plan Extraordinario para la Mejora de la Empleabilidad de las personas demandantes de Empleo (Plan Memta), así como de las medidas contenidas en el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja). Otra demanda a la Junta consiste en que ponga en marcha acciones a favor del empleo juvenil. Esta propuesta del PSOE fue la única que se aprobó por unanimidad, junto a otra relativa a igualdad en el empleo.
El Parlamento también expresó su respaldo a las medidas de protección social adoptadas por el Gobierno central, como la prórroga de la ayuda de 426 euros para los trabajadores en situación de desempleo y al incremento de la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo desde el 49% de 1998 hasta el 80% de 2010.
PROPUESTAS DEL PP, TODAS RECHAZADAS
El PP-A propuso entre sus propuestas de resolución que la Junta ejecute de manera inmediata un plan de austeridad en la administración pública, que incluya la reducción del número de consejerías de 15 a 10, así como en un 50 por ciento el número de altos cargos y de delegados provinciales de las consejerías. Además, demandó que incremente la inversión productiva en el presupuesto de la comunidad, acelere la licitación pública vinculada a la misma y garantice su ejecución.
En materia de deuda histórica, el PP planteó en otras dos propuestas instar al Gobierno andaluz a rechazar el pago en especie de la 'deuda histórica' y exigir su liquidación en efectivo antes del plazo legalmente establecido en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía. También propuso instar al Ejecutivo a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la disposición de los PGE de 2010 que plantean la posibilidad del pago en solares de la 'deuda histórica'.
El PP también demandó una reordenación del sector público empresarial andaluz, y que la Junta acometiera reformas en materia fiscal, en relación con las políticas activas de empleo y en la educación, al tiempo que demandó medidas de apoyo a pymes y autónomos. Otra demanda del grupo popular consistía en que el Gobierno andaluz retire los proyectos de Ley de Autonomía Local y de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, que fueron remitidos al Parlamento, por contar con el "rechazo unánime" de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
El grupo popular también propuso instar al Ejecutivo a adoptar medidas de emergencia social en beneficio de las familias andaluzas como la dotación de un Fondo para las familias sin ingresos en Andalucía; la creación de un Fondo Compensatorio de Hipotecas para las familias que no puedan hacer frente al pago de su vivienda habitual y, en el ámbito de sus competencias, y mientras no exista actuación por parte del Gobierno de la Nación, a compensar económicamente la pérdida neta del poder adquisitivo de los pensionistas andaluces a través de una línea de ayudas de carácter social.
En cuanto a las propuestas de IULV-CA, planteó instar al Consejo de Gobierno a demandar al Gobierno central que acometa una reforma a fondo del sistema financiero, una fiscal y otra del modelo productivo, así como que le exija la aprobación y desarrollo de una plan de lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y la erradicación de la economía sumergida. También pidió que la Junta se dirigiera al Estado para solicitarle una reforma y ampliación de las prestaciones por desempleo.
Asimismo, la federación de izquierdas también planteó que se instara a la Junta a adoptar las medidas adecuadas para realizar, en el marco de sus competencias en materia fiscal, una reforma consistente en ampliar el cuerpo de los tributos propios de la comunidad.
Otras de las demandas consistían en que el Gobierno autonómico reclamara al Gobierno central las transferencias de las competencias ferroviarias y que se completara el mapa ferroviario andaluz, dando prioridad al establecimiento de servicios ferroviarios de cercanías completos. Sobre la 'deuda histórica', pidió que la Junta renegociara con el Gobierno el pago de la misma, "rechazando la fórmula de traspaso de la titularidad de suelo público estatal y estableciendo el pago inmediato en euros".
IULV-CA reclamó también que la Junta promoviera la nueva Ley de Régimen Local de Andalucía, garantizando la suficiencia financiera de los ayuntamientos y reconociendo la deuda histórica que la Junta de Andalucía mantiene con los entes locales.
