SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz aprobó hoy, con los votos de PSOE e IULV-CA, mientras que el PP se abstuvo, el dictamen elaborado por el grupo de trabajo que se creó en el seno de la Comisión de Gobernación sobre la Ley de Régimen Local. Los dos grupos de la oposición presentaron varios votos particulares al dictamen, que fueron rechazados por el grupo socialista.
El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, ha venido manifestando en los últimos días que el Ejecutivo ya ha asumido el 80 por ciento de los planteamientos recogidos en ese dictamen y ha abogado por el consenso entre todos los partidos, con los que se reunió la pasada semana. Su compromiso, una vez aprobado el dictamen, es que las futuras leyes de Régimen Local y de participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad sean aprobadas por el Consejo de Gobierno y remitidas a la Cámara antes de final de este año, de manera que empezarían a tramitarse a principios de 2010 con el fin de que estén aprobadas de manera definitiva en la Cámara en el primer semestre de ese ejercicio.
Durante el debate del dictamen ante el Pleno, el parlamentario del PSOE Fernando Martínez, que aludió a las "incoherencias y contradicciones" en que incurre el PP en esta materia por movimientos "partidarios", dijo que el dictamen no es "de ninguno de nosotros y al mismo tiempo es de todos nosotros porque nadie tiene el coyright".
Destacó que Andalucía será la primera comunidad de España que dará un salto cualitativo en relación con el papel de los ayuntamientos, por la impronta municipalista del Estatuto de Autonomía. Dijo que si hay alguien que trata de "confundir" a la opinión pública es el PP, cuyos planteamientos en materia de financiación sólo responden a cuestiones "coyunturales".
Por su parte, la diputada del PP Carmen Crespo, cuyo grupo ya se abstuvo en la votación del dictamen en comisión, mostró su preocupación por que el Gobierno andaluz haya "retrasasado" la aprobación de la Ley de Régimen Local al primer semestre de 2010, con lo que no habría reflejo presupuestario hasta el siguiente ejercicio. A su juicio, esto supondrá ahondar en la situación de "asfixia financiera" de los ayuntamientos, mientras criticó la negativa del Gobierno a que los consistorios participen en los ingresos de la comunidad, ya que se plantea la participación sobre los "tributos, que son el mínimo que nos mandata el Estatuto".
"Hay que dar una solución de verdad y no de trámite a 30 años de ayuntamientos en la comunidad", dijo Crespo, que pidió al Gobierno que reflexione en relación con la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad. Pidió que las nuevas leyes tengan efecto retroactivo en cuanto a la suficiencia financiera, de manera que tenga un reflejo en el Presupuesto de 2010. Dijo que con la abstención al dictamen, su partido no busca la confrontación, sino que está tendiendo la mano y tiene firmen voluntad de consenso.
El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, indicó que si este Parlamento aprueba un dictamen que orienta los contenidos en materia de régimen local y de participación de los ayuntamientos en los recursos de la comunidad, debe ser de "obligado cumplimiento" para el Ejecutivo aceptar esas orientaciones y ese mandato.
Para Valderas, los presupuestos de 2010 tienen que recoger ya temas en materia de financiación para los ayuntamientos porque si nos "estaríamos haciendo trampas en el solitario y en los objetivos". Quiso dejar clara la "disposición" de su partido a alcanzar un acuerdo político en este asunto.
CONTENIDO DEL DICTAMEN
El dictamen recoge una serie de recomendaciones consistentes en instar al Consejo de Gobierno a hacer llegar a la FAMP y a las fuerzas políticas en ella representadas el texto del Anteproyecto de Ley de Régimen Local de Andalucía en el momento en que el mismo sea remitido al Consejo Consultivo para su dictamen, a fin de facilitar de esta forma el mecanismo de diálogo y negociación.
También se recoge que el dilema político alojado en la decisión de atribuir competencias debe reparar en las competencias propias de los municipios como garantía de la autonomía local plena. De esta manera, segú se añade, habría que situar las competencias materiales en la Ley de Régimen Local de Andalucía, garantizando su regulación con mayoría reforzada. Este capítulo, dedicado a las competencias locales, constituirá el núcleo de la legislación autonómica sobre régimen local, según el dictamen.
Asimismo, se estima que hay que trascender "el tópico que justifica la protección estatal de la autonomía local frente a las comunidades autónomas", al tiempo que se indica que el alcance y profundidad de la autonomía de municipios y provincias se dirime en su relación con las comunidades autónomas, una "constatación fácil de apreciar viendo las materias sobre las que comparten potestades: urbanismo, servicios sociales, ocupación, convivencia ciudadana, medio ambiente, educación".
Se insta además al Ejecutivo a cumplir las resoluciones aprobadas en el Debate sobre la reforma de la financiación autonómica y financiación local, aprobadas por el Pleno del Parlamento en junio de 2008. En el texto del dictamen se hace referencia a la participación de los ayuntamientos en los "recursos" de la comunidad, en lugar de en los tributos.
De igual manera, se señala que la nueva Ley de Régimen Local, en su arquitectura, títulos y capítulos, debería abordar, entre otras cuestiones fundamentales del municipalismo: las potestades y competencias municipales, finanzas locales y autosuficiencia financiera; los aspectos relacionados con el territorio y la organización del municipio, así como con las entidades municipales; los derechos y deberes de los vecinos, su efectividad y exigibilidad; las mancomunidades, comarcas, provincias y entidades metropolitanas; la información y las fórmulas de participación ciudadana; los derechos y deberes de los cargos públicos (Estatuto del cargo público); las relaciones interadministrativas de cooperación con la Junta y las diputaciones; el patrimonio y el personal de las corporaciones locales, así como el reconocimiento del esfuerzo económico de la administración de los ayuntamientos en aquellas competencias no propias durante los últimos años.
También, se señala que la nueva norma debería profundizar sobre el papel que los Ayuntamientos han de tener en la construcción del modelo económico solidario y sostenible, en la vertebración territorial, la lucha contra la desigualdad y la pobreza.
Asimismo, se habla de un Código ético y democrático del buen gobierno, ya que para la mejora y estabilidad de los gobiernos locales es necesario que se alcance un acuerdo político sobre el que pudiese avanzar esta nueva Ley de Régimen Local, a fin de evitar el transfuguismo.
