SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A defenderá una proposición no de ley el próximo miércoles ante el Pleno del Parlamento en la que insta a la Junta a demandar al Gobierno central que revise las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las entidades locales incluidas en el marco del Plan de pago a proveedores "ante la grave situación creada", ya que se han visto obligadas a formalizar préstamos a largo plazo con un elevado tipo de interés.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, también se plantea que la citada revisión suponga la ampliación del periodo de carencia y del plazo de amortización y la reducción del tipo de interés.
El grupo socialista pide además que el Gobierno permita que aquellos ayuntamientos que no tienen actualmente Plan de Ajuste revisen y mejoren las condiciones que le vienen impuestas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aplicando dos años de carencia sin retención de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) para los municipios y posteriormente seguir con una retención no superior al 25 por ciento hasta saldar la deuda.
El PSOE-A expone en su iniciativa que el Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno de la Nación en 2012 para el saneamiento de las deudas de las entidades locales tenía el objetivo de crear un mecanismo ágil de pago y de canalización de las deudas con los proveedores, con la obligación para los ayuntamientos de realizar un plan de ajuste y una operación de endeudamiento.
Sin embargo, según el grupo socialista, ello ha supuesto la transformación de la deuda comercial de los ayuntamientos en deuda financiera.
Añade que las entidades locales se han visto obligadas a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo con un elevado tipo de interés y con una exigencia añadida de cumplir con un plan de ajuste, aceptados previamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Según el grupo socialista, todas estas operaciones se formalizaron en mayo de 2012, contando con dos años de carencia, por lo que, a partir de mayo de 2014, los ayuntamientos andaluces acogidos a este Plan de Proveedores tienen que empezar a pagar las amortizaciones del préstamo, lo que genera un "grave problema".
