SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este jueves las bases específicas que regirán para 15 convocatorias de la Diputación de Sevilla destinadas a la provisión de un total de 127 plazas; 113 de ellas correspondientes a personal laboral y 14 de funcionario y todas ellas derivadas de las ofertas de empleo público de 2017 y 2018, "por el procedimiento de estabilización de empleo temporal".
En concreto, y según las citadas bases, consultadas por Europa Press, las bases específicas ahora publicadas están destinadas a regular las convocatorias de 17 plazas de auxiliar de clínica; 27 de auxiliar psiquiátrico; dos de oficial de primera electricista; dos de oficial de primera (maquinista de offset); una de oficial de segunda (calefactor/a); una de oficial de segunda (cortijo); dos de oficial de segunda (pintor); una de oficial de segunda (vigilante de obra); 31 de personal de actividades domésticas; 26 de personal de servicios generales; tres de auxiliar de clínica; seis más de personal de actividades domésticas y otras seis más de personal de servicios generales.
La gran mayoría de ellas son plazas de personal laboral salvo las 14 plazas correspondientes a las cuatro últimas convocatorias mencionadas, pero en todos los casos estas 15 convocatorias se encuadran en el "procedimiento de estabilización de empleo temporal".
EL CONFLICTO DE LOS TEMPORALES
A tal efecto, cabe recordar el litigio promovido ante la Unión Europea contra la Administración española en demanda de que se declarase como trabajadores indefinidos a los empleados públicos españoles incorporados como interinos o temporales pero que suman años y años de servicio, por un supuesto abuso de las instituciones en la contratación eventual.
En ese sentido, mientras el Gobierno de la Diputación de Sevilla esgrimía tiempo atrás que en mayo de 2019 acordó con los representantes de la plantilla "una suspensión temporal para que los exámenes de las nuevas ofertas" de empleo público no se celebrasen hasta que no se pronunciase el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre y cuando no caducasen" tales ofertas de empleo público, el colectivo de empleados temporales de la institución avisaba de que seguían los trámites de dichos procesos selectivos.
Empero, la Diputación argumentaba que los trámites estaban destinados a impedir la caducidad de los procedimientos y que no se celebrarían pruebas sin ser emitida la citada sentencia.
Ante ello, los interinos insistían en pedir la "paralización absoluta" de los procesos selectivos y su "regularización" como empleados públicos para no "pagar el pato" del "enorme fraude de ley" implícito en no convocar en su debido momento las ofertas de empleo público correspondientes a las plazas en las que estas personas trabajan en calidad de interinos o temporales.
Y es que tras "décadas" trabajando en la institución provincial, afrontan tales procesos selectivos "sin opciones reales" de consolidar su posición en la plaza que ocupan como interinos, pues compiten con jóvenes recién titulados, con formación específica y carentes de "obligaciones" familiares o laborales a la hora de preparar una oposición.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO
El pasado mes de marzo, en cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitía su prolija y compleja sentencia, recogida por Europa Press, determinando entre diversos aspectos que "en caso de utilización abusiva por parte de un empleador público de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, el hecho de que el empleado haya consentido el establecimiento o la renovación de dichas relaciones no priva de carácter abusivo al comportamiento del empleador de modo que el acuerdo marco no sea aplicable a la situación de ese empleado público".
No obstante, el tribunal indicaba que "incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su derecho nacional, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en indefinidos no fijos y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos" detectados.
