Junta pacta con CSIF, USO y STAJ el desarrollo del proyecto, con garantías de los derechos y condiciones laborales de los funcionarios
SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el acuerdo suscrito el pasado 25 de noviembre entre la Junta y los sindicatos de mayor representación en la Administración de Justicia para la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal.
El documento, que establece las bases para las negociaciones vinculadas a este proyecto, garantiza los derechos de los funcionarios judiciales en materia retributiva y de condiciones laborales, a la vez que supone mejoras en la prestación del servicio público.
El modelo organizativo ratificado por el Consejo cuenta con el consenso de los sindicatos CSIF, SPJ-USO y STAJ, que aglutinan cerca del 70 por ciento de la representatividad de los más de 7.000 empleados de la Administración de Justicia de Andalucía.
De acuerdo con lo pactado, las futuras aprobaciones de relaciones de puestos de trabajo no supondrán disminución del número total de plazas existentes en las plantillas de cada uno de los cuerpos de funcionarios.
Según el desarrollo previsto, la nueva organización en los juzgados y fiscalías tampoco producirá merma retributiva, además de abrir la posibilidad de crear plazas con complementos salariales por especial responsabilidad.
Sobre la base de lo pactado, la Consejería de Justicia e Interior trabaja ya en el desarrollo de las órdenes que permitirán implantar los nuevos servicios, fijar el número de funcionarios adscritos a las unidades previstas y convertir en puestos de trabajo los actuales refuerzos estructurales cuando lo permitan la legislación y las disponibilidades presupuestarias.
La Oficina Judicial y Fiscal, un proyecto clave para la agilización y la mejora de la eficacia en la Administración de Justicia en Andalucía, se implantará de forma flexible, progresiva y adaptada a las peculiaridades de la comunidad autónoma, especialmente por su gran número de partidos judiciales.
La Oficina Judicial comenzará como experiencia piloto en los juzgados de Vélez-Málaga (Málaga) y El Ejido (Almería), mientras que la Fiscal se desarrollará por primera vez en Sevilla. Estas sedes han sido seleccionadas por la idoneidad de sus instalaciones, que sólo necesitan trabajos -ya en marcha- de adecuación y mejora de sus sistemas informáticos.
La nueva organización judicial, cuyo decreto fue aprobado el pasado mes de enero por el Gobierno andaluz, supondrá la sustitución del sistema vigente hasta ahora -juez, secretario y personal adscrito a un solo órgano- por un modelo más eficiente basado en servicios comunes y en la especialización de los funcionarios. Ello permitirá distribuir el trabajo en equipo, agilizar procedimientos y reducir los tiempos de respuesta.
SERVICIOS COMUNES
En el modelo se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin estar integradas en órganos concretos, asumirán labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.
Los servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial. Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se configurarán a su vez en dos secciones: procesal general y de ejecución.
En cuanto a la Oficina Fiscal, se podrán crear cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.
De acuerdo con la reorganización prevista, el servicio común procesal general de la Oficina Judicial también proporcionará a la Oficina Fiscal el apoyo necesario para el desarrollo de algunas funciones, siempre y cuando la racionalización del gasto y la optimización de recursos así lo aconsejen.
La implantación de las nueva Oficina Judicial y Fiscal se une a otras iniciativas de mejora y modernización de la Administración de Justicia que la Junta viene desarrollando durante los últimos años, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías.
Entre ellas destacan el sistema telemático que conecta juzgados y centros penitenciarios andaluces para agilizar las notificaciones que afectan a la población reclusa; Lexnet, una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos; Eemat, para facilitar la interconexión en todos los juzgados, y el programa Jara, para la gestión de documentación y archivos judiciales.
La Administración de Justicia cuenta en la comunidad autónoma con 683 órganos judiciales, incluyendo las 40 secciones de las Audiencias Provinciales y las 7 salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A ellos se suman 686 juzgados de paz.
