SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha retomado la investigación de las supuestas irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones para la modernización de su red de riegos. Para ello, ha llamado a declarar a más de una veintena de personas, en calidad de investigados y, en concreto, este jueves han declarado dos vocales y tres regantes, los cuales han culpado al gerente, ya fallecido, de estas presuntas irregularidades.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, en total están citados a declarar entre esta semana y la que viene 27 personas, entre ellas dos ex altos cargos y tres funcionarios de la Consejería de Agricultura de la Junta, al considerar que podrían haber incurrido en delitos de falsedad en documento oficial por funcionario público, prevaricación y malversación. De estos, la mayoría ya declaró en 2015 en la primera fase de la instrucción pero hay más investigados, y el próximo 20 de febrero el juez ha citado a tres testigos y a un perito.
Entre ellos figura José Luis Sánchez Teruel, actual parlamentario andaluz y secretario general del PSOE de Almería, así como exjefe de gabinete de la Consejería de Medio Ambiente y ex director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, el cual no declarará en el juzgado sevillano al ser aforado.
En junio de 2017 el juez de Instrucción número 16 de Sevilla prorrogó por término de 18 meses la investigación por estas supuestas irregularidades, una causa que fue declarada de especial complejidad en enero de 2016.
SUBVENCIÓN DE 40,1 MILLONES DE EUROS
Según el juez, fue el 13 de octubre de 2004 cuando el presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria dictó una resolución por la que se resolvía favorablemente la solicitud realizada por esta comunidad de regantes y se aprobaba así el proyecto de modernización presentado con un presupuesto de inversión subvencionable de 66,6 millones, de los que se concedía a los regantes una subvención de 40,1, el equivalente al 60,23 por ciento del total.
De este modo, y según el magistrado, la comunidad de regantes "no llegó a celebrar junta o asamblea general para aceptar la subvención", al contrario de lo que establecía la resolución de concesión, mientras que "tampoco contaba con disponibilidad de medios financieros correspondientes al importe total de la inversión para la ejecución de las actuaciones".
"Advertido el incumplimiento de esos requisitos, existen indicios de que los responsables públicos no comunicaron estas irregularidades", mientras que los responsables de la comunidad de regantes "extendieron una certificación consignando como fecha aparente de la misma la de 11 de noviembre de 2004 y en la que se certificaba falazmente que el 10 de noviembre de 2004 se había celebrado una asamblea general extraordinaria en la que se había aceptado la subvención", a pesar de que no se celebró "en ningún momento".
Además, "faltando también a la verdad", considera el juez, "se afirmaba que a la fecha aparente de la certificación ya se había abierto una cuenta corriente para la contabilidad independiente de la inversión subvencionada", ya que esa cuenta "no se había abierto aún a esa fecha", lo que "permitió ocultar" al presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria que "concurrían motivos bastantes para revocar o dejar sin efecto la subvención que se le había concedido".
Según el juez, la comunidad de regantes convocó, por el procedimiento de licitación abierta, un concurso para la contratación de las obras relativas al 'Proyecto de Modernización de la zona regable de Las Marismas del Guadalquivir', y el comité de evaluación, "faltando absolutamente a las reglas establecidas en la resolución de la comunidad de regantes de 10 de agosto de 2004 y en el pliego de condiciones particulares, utilizaron criterios distintos a los ahí establecidos para la valoración de las ofertas económicas y técnicas".
El resultado final de esa "irregular forma" de puntuar las ofertas económicas fue que los licitadores que habían presentado las tres mejores ofertas económicas --Dragados, OHL/Tecniriego y Sacyr SAU/Prinur SAU/Meridional de Aguas-- quedaron en las posiciones 11, 12 y 14, respectivamente, lo que permitió que las Uniones Temporales de Empresa Befesa/Alpi y Teconsa/Elecnor/Meci/Tecnr "quedaran colocadas dentro de los cinco primeros puestos, pese a que sus ofertas económicas no se lo hubieran permitido".
"PINGÜES BENEFICIOS"
De igual manera, la Junta Rectora de la comunidad de regantes acordó revocar la primera pre-adjudicación en favor de Teconsa/Elecnor/Meci/Tecnero, de manera que, "sabedores" de esto, los representantes de Meci Works y Tegner firmaron un acuerdo con los representantes de Befesa/Alpi para que, en caso de que esta segunda UTE fuera la adjudicataria, "aquellas participaran también del negocio mediante la creación de una tercera UTE", denominada 'Construcción'".
Según estima el juez, este acuerdo "suponía que, pese a que la adjudicataria formal de la obra era la UTE Befesa/Alpi, la adjudicataria real y auténtica beneficiaria de los pingües beneficios que iba a reportar la obra de modernización era la UTE 'Construcción'".
A continuación, los representantes de las empresas de la UTE a la que fue revocada la primera pre-adjudicación "pactaron" con el gerente de la comunidad de regantes, ya fallecido, y con el presidente, que ésta "debía indemnizarles por los perjuicios derivados de esa revocación", de manera que la comunidad de regantes "se comprometió y pagó a estas empresas una indemnización de 285.480 euros sin que éstas hubieran justificado haber incurrido en gastos durante el proceso de pre-adjudicación".
Finalmente, el contrato entre la comunidad de regantes y la UTE Befesa/Alpi se suscribió el 20 de octubre de 2005, pero hasta ese 23 de noviembre no se inició la obra necesaria para ejecutar el proyecto.
"Pese a no haberse ejecutado prácticamente nada de obra y siendo perfectamente consciente de ello", el inspector facultativo, el presidente de la comunidad y un representante de la UTE adjudicataria participaron en la elaboración de una "certificación absolutamente inveraz, que certificaba que a 4 de diciembre de 2005 se había ejecutado y acreditado obras por un importe de 4.245.826,56 euros, a pesar de que ello no era cierto".
